La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la polémica reforma mexicana que amplía dos años la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Arturo Zaldívar.
“La CIDH expresa preocupación por la aprobación en el Senado de un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que ampliaría mandatos del actual presidente de la SCJN y de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)”, indicó en sus redes sociales.
El Senado, con mayoría de Morena, aprobó el jueves por sorpresa una reforma judicial, ahora en la Cámara de Diputados, que extiende dos años el mandato de Zaldívar, de 2022 a 2024, último año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado del oficialismo, introdujo sin previo aviso el artículo transitorio a la votación de la reforma judicial, lo que desató denuncias de un “golpe de Estado al Poder Judicial” de parte de la oposición.
Aunque Arturo Zaldívar llegó a la Suprema Corte en 2009, nombrado por el expresidente Felipe Calderón, el ministro ha recibido críticas por su cercanía con López Obrador, a quien incluso ha acompañado a eventos de obras públicas, como el Aeropuerto de Santa Lucía en la capital mexicana.
“La CIDH llama a México a garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la SCJN y el CJF se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos”, añadió el organismo internacional.
Pese a la controversia, López Obrador respaldó en la conferencia matutina la ampliación del mandato de Zaldívar, quien apoyó en octubre pasado la consulta pública promovida por el Gobierno que busca juzgar a los expresidentes del “periodo neoliberal”.
“Lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma del Poder Judicial, estoy de acuerdo”, expresó López Obrador en Palacio Nacional.
Partidos de oposición exigieron a Zaldívar que rechace de forma pública la reforma por ser contraria a la Constitución, que establece que el mandato del presidente de la Suprema Corte tiene una duración máxima de cuatro años.
Pero el ministro, quien suele ser activo en redes sociales y en medios, no se ha pronunciado.
En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (ANMCJDPJF) pidió en un comunicado este viernes que la Cámara de Diputados corrija la reforma.