Por Jesús Michel Narváez
Se defienden como gatos bocarriba. Y tratan de caer de pie todo el tiempo. La realidad, empero, no les permite las marometas sin riesgo.
Porque, claro que es gasolinazo el que estamos viviendo. El presidente López dice que no. Los bolsillos de los consumidores lo desmienten.
Pagar 25.50 pesos por litro de Premium representa un incremento de 26 por ciento con respecto a enero pasado. Como don Adolfo Ruiz Cortines, todo se conjugó a partir del sábado anterior al de gloria.
Y con argumentos injustificados, la Secretaría de Hacienda canceló el estímulo fiscal a la gasolina menos contaminante desde el 26 de abril y es momento en que no lo reactiva. Por ello, ahora los fifís, con sus autos de lujo -y aunque no lo sean, los fabricantes ordenan usar combustible de alto octanaje-, sports, con rines de aluminio y llantas Michelín, se ven obligados a comprar al precio que sea. Hay una verdad de Perogrullo: no hay nada más caro que lo que no se puede comprar.
Una información publicada por El Sol de México y realizada por el periodista José Luis Ramos, da cuenta de que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, respondió: hay empresarios del sector que están aumentando precios pese a que la Secretaría de Hacienda reactivó los estímulos fiscales a combustibles a partir de febrero, esto para aumentar sus ganancias.
E hizo una advertencia: se van a revisar los premisos de gasolineros.
Y como si ya todo fuera miel sobre hojuelas, la controvertida funcionaria expuso: “En este gobierno los permisos los reducimos drásticamente y la reforma a ley de hidrocarburos nos va a permitir cancelar permisos donde incurran en actos ilegales, así mismo a gasolineras que delincan o que especulen”.
No hay duda de que la reforma a la Ley de Hidrocarburos será aprobada, sin cambiarle un punto o una coma -así lo ordena el señor y todos a obedecer ciegamente-, pero el maldito pero de siempre: la señora ingeniera desdeña al Poder Judicial de la Federación.
En cuanto la Ley esté publicada, vaya cuando haya materia, de nueva cuenta os afectados acudirán a los tribunales y solicitarán amparos. Seguro los obtienen. Ya se sabe: suspensión provisional para el siguiente paso: suspensión indefinida.
Con la actuación de los dos jueces federales que frenaron la Reforma de la Industria Eléctrica, se colocó el cimiento para que el Estado de Derecho prevalezca por encima de los caprichos “neonacionalistas” el actual gobierno.
Ya se conoce que a los togados con birrete no les tiemblan las corvas para aplicar la ley. Es su obligación. Y qué bueno que antepongan el interés mayoritario al político.
Pareciera que doña Chío vive en el mismo mundo que el presidente, es decir, alterno a la realidad y que suponga que el cargo que ostenta le da facultades para estar por encima de la Constitución, demuestra soberbia e ignorancia por decir lo menos.
Esperar la reforma a la Ley de Hidrocarburos y comenzar a contar cuántos amparos se solicitan y cuántos se otorgan, es la tarea. Porque no solamente los concesionarios y permisionarios serán afectados, sino los consumidores. Y ellos también tienen derecho al amparo.
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