Por Nidia Marín
¿Qué puede esperar una mujer de un policía? Al parecer nada. Lo mismo en Quintana Roo que en la Ciudad de México y en el país en lo general, porque la educación de las fuerzas del orden ha sido para ejercer represión en su contra no para comprender la desesperación que prevalece, ante las agresiones que padece más de la mitad de la población mexicana, mientras los verdaderos criminales cantan victoria.
Y es como una ironía, porque desde 2018 el Colegio de México alertó de que, en nuestro país, la preocupación general por prácticas policiales violatorias de los derechos humanos se había ido desarrollando en paralelo con los procesos de transición y consolidación democráticas.
A juicio del especialista del Colegio, Carlos Silva Forné, este problema no había ocupado un lugar prioritario si se compara con el interés dirigido a las instituciones de seguridad por la falta de eficacia ante el aumento de la incidencia delictiva y el crecimiento de la sensación de inseguridad en la población.
El asunto es que hoy, tres años después de aquel planteamiento, no tenemos ni lo uno ni lo otro. Lo que sí hay es el avance en las agresiones. Sí, de la misma manera que con anterioridad, las encuestas a la población en reclusión han señalado, en el caso mexicano, la alta frecuencia de amenazas y agresiones físicas de los policías en el momento de la detención. El caso Victoria en Quintana Roo es un claro ejemplo, aunque desde entonces las encuestas realizadas a la población en general mostraban “que la fuerza policial puede actualizarse en dinámicas mucho más variadas que las detenciones a sospechosos de delitos o faltas administrativas”.
Además, se hacía notar que las formas y motivaciones del abuso policial en la Ciudad de México, por ejemplo, no obedecen solamente a los problemas propios del control de un sospechoso al detenerlo, sino también a prácticas ilegales para obtener una confesión o para la consecución de una renta monetaria. “Es decir, mientras que en Estados Unidos la brutalidad policial casi es sinónimo de uso injustificado de la fuerza en un arresto, en México las formas del abuso representan un conjunto más amplio de fenómenos”, exponía.
Hoy tras los hechos en Quintana Roo, y otros sucedidos en la capital del país, es necesario una revisión a fondo de la actuación policial y la educación que recibe.
Como precisaba Silva Forné:
“En el plano individual la teoría más trillada es la de las “manzanas podridas”, la cual señala que las actitudes y rasgos psicológicos de algunos oficiales de policía los hacen más propensos a usar la fuerza y la violencia que a otros. Su confirmación la dieron los estudios cuyo resultado indicó que una parte sustantiva de los problemas por uso excesivo de la fuerza recaen en un número muy reducido de policías”.
Y tal vez esté ocurriendo hoy lo que tanto se ha estudiado. Sí, “las teorías de la amenaza social, herederas de la teoría del conflicto señalan que los grupos sociales desaventajados (por raza o clase social) representan una amenaza a desigualdades y jerarquías en la distribución del poder, y, por tanto, se vuelven un objetivo prioritario de los controles formales del Estado. Como consecuencia, los grupos racial o socialmente subordinados tendrán mayor probabilidad de experimentar controles, y de carácter más punitivo, que aquellos que vivencian los grupos sociales dominantes”.
Dice el investigador que las teorías de la amenaza social a nivel agregado plantean como hipótesis que ciudades o barrios con mayor desigualdad o poblaciones más amplias de personas de clase baja o de raza negra (para Estados Unidos) tendrán mayores tasas de usos letales o excesivos de la fuerza policial.
Y ni como negarlo, en los espacios con mayor composición de grupos desfavorecidos se realizan controles más coercitivos y brutales por parte de las policías (caso Victoria en Tulum). Desde esta perspectiva, no sólo las personas pueden ser consideradas como “sospechosas”, también las áreas geográficas.
Dice que en el nivel agregado las medidas más empleadas en los estudios son las tasas de homicidios u otros delitos y su relación con el uso de la fuerza letal o un uso excesivo de la fuerza. Y explica que, en el nivel individual-situacional, los escenarios que con mayor probabilidad son percibidos como amenaza seria a la integridad de los policías son aquellos donde hay resistencia activa a una detención y donde la intervención policial se detona por delitos de mayor gravedad.
En fin, que muchos casos de brutalidad policial quedaron asentados en la antigua Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la actual no.
