Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
Con alrededor de 300 mil afiliados, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) es el tercero más numeroso del país y el primero en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del estado (FSTSE). El próximo 30 de noviembre, o cuando las condiciones sanitarias de la pandemia de coronavirus lo permitan, sus dirigentes deberán ser electos mediante voto personal, libre, secreto y directo.
Superado sólo por los sindicatos de maestros -un millón 200 mil- y del IMSS -alrededor de 400 mil-, el SNTSA tiene desde finales de la década de los setenta un liderazgo sindical sólido, aun cuando por primera ocasión será mediante el voto directo de los trabajadores los que definirán la elección. Para ello, deberá armonizar sus estatutos con el artículo 69 de la ley burocrática.
Ese dispositivo establece que la elección de los dirigentes de los sindicatos del sector público, será realizará mediante voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores. Por lo menos con quince días de anticipación, la convocatoria deberá ser expedida y hacerse del conocimiento del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que podrá vigilar el proceso electoral.
La última elección cúpulas de dirigentes en el SNTSA fue en 2013 para una doble gestión de 7 años -3 años 4 meses la primera y 3 años la segunda que por efectos de la pandemia se extendió primero 120 días y posteriormente hasta el 30 de noviembre-. Marco Antonio García Ayala, su presidente, se ha mantenido dos décadas en la dirigencia, no por méritos propios, sino por ese fuerte liderazgo que se pondrá a prueba en los próximos meses.
La gestión de García Ayala -un dirigente anodino, sin personalidad ni presencia- concluyó formalmente el pasado 30 de abril del 2020. Frente a los efectos de la Covid-19 y mediante un acuerdo cupular se extendió inicialmente cuatro meses y luego hasta el último día de noviembre o cuando existan condiciones sanitarias para convocar a elecciones democráticas.
El 21 de septiembre del año pasado, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a petición de García Ayala, validó el acuerdo del comité ejecutivo nacional, el consejo nacional de honor y justicia y las comisiones nacionales de vigilancia y electoral, para introducir adecuaciones al estatuto sindical.
Se modificó la parte primera del artículo tercero transitorio, para fijar como nueva fecha de conclusión de la gestión sindical -iniciada en noviembre de 2017-, el 30 de noviembre próximo.
En el acuerdo del pleno del TFCyA se hizo referencia a esa fecha para la conclusión de la gestión “o hasta en tanto existan las condiciones sanitarias necesarias”.
Previamente el 20 de marzo del año pasado, el TFCyA había legalizado una primera prórroga de 120 días en la gestión de García Ayala que concluyó el último día de abril, debido a las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia.
El estatuto del SNTSA establece en la fracción XIII del artículo 27, entre las facultades del comité ejecutivo nacional “revisar y realizar modificaciones y adecuaciones por conducto de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, al Estatuto General, sus Reglamentos y Manuales, de lo que dará cuenta ante el Consejo Nacional de Dirigentes o el Congreso Nacional según sea el caso”.
Es decir, no requiere forzosamente que los cambios estatutarios sean avalados por un congreso nacional, lo que sí es una obligación para la mayoría de los sindicatos.
Sin embargo, ese sindicato está obligado a introducir cambios en su estatuto, a fin de introducir la elección de sus dirigentes mediante el voto directo de sus trabajadores agremiados, como lo establece la reforma laboral vigente desde el 1 de mayo de 2019.
El 6 de julio del año pasado, la dirigencia del SNTSA avaló la prórroga en la gestión de García Ayala, la cual fue legalizada por el TFCyA.
En el SNTSA conviven diversos cacicazgos regionales. Los más conocidos son los del Domingo Ortuño en Estado de México; de Sonia Ocampo en Hidalgo; y de Mario Villalobos y Gildardo Bueno Avechuco en Sonora, aun cuando hay otros de menor peso. Es probable que sus intereses les permitan mantenerse unidos a torno a la eventual candidatura de García Ayala a la reelección, atraídos en primer lugar por la necesidad de conservar privilegios e intereses, y en segundo lugar porque difícilmente se enfrentarán al líder real de la organización.
Y es que lo importante en realidad no será la posible reelección de García Ayala -es una simple marioneta-, sino la influencia real que entre los trabajadores tiene ese liderazgo, el último de lo que era el movimiento obrero organizado del país. Una derrota del grupo institucional tendría los efectos de un tsunami en el sindicalismo burocrático.
PARA LA AGENDA
La Subdirección de Personal dependiente de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE parece haber entrado en una etapa de ocultamiento de datos públicos, en concordancia con lo que parece una política del gobierno federal. Cada vez es más frecuente que niegue información pública. ¿Coincidencia con la llegada del teniente coronel Alejandro Hinojosa, enlace de transparencia en el área bajo la dirección del general Jens Pedro Lohmann? Interesante por demás el número de militares con posiciones de mando en el ISSSTE… Guillermo Flores y Mario Armando Ordaz, parecen ser los responsables de una pésima asesoría jurídica que colocó a uno de los sindicatos burocráticos a un paso del precipicio… A días que inicien las campañas electorales cuyos resultados son fundamentales para la doctora Claudia Sheinbaum rumbo al 2024, hay quien se sorprende de la muerte de Leonel Luna en un extraño accidente automovilístico con supuesto alcohol en la sangre cuando se sabe que no tomaba, la persecución judicial contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y sus operadores Israel Betanzos y Tonatiuh González -candidatos a diputados de la alianza Va por México- y el encarcelamiento de Diana Sánchez Barrios. Olvidan que desde enero del 2020 el gobierno de la CDMX avaló -¿presionó?- la legalización de una ilegal figura como el engendro llamado Directorio Sindical para desconocer resultados de una elección democrática, ganada ampliamente por Hugo Alfredo Alonso Ortiz, a quien no le perdonan la cercanía que mantuvo con Miguel Mancera y el apoyo de los trabajadores. Ese engendro no lo contemplan los estatutos del SUTGCDMX, ni las leyes laborales. Menos mal que son diferentes…
