*¿Y los Corruptos de la 4T? En Manos de la SCJN la Sobrevivencia del Estado de Derecho
Por Miguel A. Rocha Valencia
Más allá de lo que puede significar para México que el Poder Judicial doble las manos ante el autoritarismo del Ejecutivo y que acarrearía consecuencias nefastas para el país, es claro que el machuchón de Palacio Nacional no aceptaría que los jueces le pidieran y casi le ordenaran que consignara a personajes de su gabinete y familia, contra los cuáles hay pruebas públicas de corrupción.
El Ganso de Macuspana se desgarra las vestiduras y se alza como paladín de la justicia y señala como corruptos a los “otros” mientras que la podredumbre inunda a la 4T, donde hay denuncias públicas y ante diversas instancias contra sus familiares, compadres, amigos y colaboradores, no sólo de enriquecerse inexplicablemente o recolectar fondos para “la causa”, sino que él mismo confiesa cínicamente que Morena se financió con dinero sucio.
Existen videos y escritos que evidencian tales actos ilegales como los sobres de su hermano Pío, las concesiones a su prima, los atracos de sus cuñadas en Veracruz y Tabasco, la vida de millonarios de sus hijos, el desfalco millonario de Ana Gabriela Guevara en Conade, los enriquecimientos “inexplicables” de Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval y su hermano, del tráfico de influencias de los Superdelegados, de los excesos con el Banco de Bienestar y de los cuates y parentela de otros funcionarios como el del IMSS, el de Pemex y…
Bueno hasta resulta sospechoso que a Carlos Romero Deschamps, el propio Mesías Tropical “convenciera” de renunciar a su plaza en Pemex y no se le persiguiera a pesar de todas las denuncias de corrupción en su contra. Dicen que el exlíder petrolero también salpicó con muuuuchos millones al caudillo de Tepetitán, desde la toma de pozos allá en Tabasco. Claro que ese dinero no manchó el plumaje del ánade.
Tampoco persigue a los grandes criminales como los líderes del Cártel de Sinaloa y hasta les quita de encima los operativos de la Guardia Nacional, pero sí se lanza contra jueces no por el hecho de mostrar signos o denuncias de corrupción, sino por oponerse a sus caprichos, tratando de ignorar la Constitución y la separación o equilibrio de poderes.
Se lanza contra todo el Poder Judicial, amenaza, exige renuncias e investigaciones y persecuciones, en especial cuando se trata de temas que le interesan como tener en la cárcel a Rosario Robles, ejecutar ilegal e irresponsablemente obras de la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto en Santa Lucía o los tramos del Tren Maya así como soltar a Ovidio Guzmán.
Pero olvida o mejor dicho quiere ignorar porque “me canso ganso” que México aún es país de leyes y existen juicios de garantías donde los civiles pueden acudir a solicitar protección precisamente de actos ilegales o arbitrarios, en este caso del Ejecutivo en complicidad con sus lacayos morenos del congreso federal (así con minúsculas).
Ahora su enojo será mayor luego de que otro Juez, el primero de distrito en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza López Figueroa, también otorgó tres suspensiones provisionales más, pero de carácter general contra la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, a dos empresas que solicitaron amparo. Según la cuenta ya van 15 amparos concedidos.
Con él y el Cuarto de Distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, a quien el Profeta de la 4T ordenó que se investigara, ya son dos juzgadores especializados. Pero este último también tiene en su haber el rechazo de solicitudes de amparo contra la consulta popular que, organizada por el Ejecutivo, enterró 332 mil millones de pesos en Texcoco, aumentó la deuda externa y sembró la desconfianza de los inversionistas hacia México, precisamente por las políticas que aquí se aplican donde burlar o violar contratos, se ha vuelto norma.
Pero independientemente de lo que resulte, está en juego la viabilidad de México como país, sus relaciones con gobiernos y empresarios extranjeros, ya que la tal reforma contraviene principios del TLC, contratos internacionales e inversiones en curso calculadas en más de 26 mil millones de dólares, más las que se estarán cancelando seguramente, ante la inestabilidad legal de una nación donde la única ley que vale es la del caudillo en el poder y que pretende colocarse por encima de la Constitución, leyes reglamentarias y tratados internacionales.
En ese sentido, el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como cabeza del Poder Judicial, debe valorar sus propios intereses frente a los de todos los mexicanos. En sus manos está arrodillarse ante el tlatoani o mantener el último bastión del Estado de Derecho frente al autoritarismo del mesías que nos lleva al abismo.
