La Secretaría de Energía (Sener) impugnó las dos primeras suspensiones que otorgó la semana pasada el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que frenan por el momento la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El caso se turnará a uno de los dos tribunales colegiados especializados para su análisis y así decidan si modifican, revocan o ratifican el fallo del juez Gómez Fierro. Sin embargo, si concede o no la suspensión definitiva a las compañías antes de que el colegiado emita su fallo, las quejas de la Sener quedarán sin materia.
En el recurso de queja que interpuso la Secretaría de Energía, señaló que es su intención comparecer en la audiencia incidental vía remota, que se fijó para mañana, con el fin de presentar sus argumentos.
Esta semana, López Obrador pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (quien también encabeza la Judicatura Federal), Arturo Zaldívar, indague la actuación del juez que concedió la medida cautelar relativa a la reciente reforma eléctrica.
El jueves de la semana pasada, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó dos suspensiones provisionales a empresas privadas contra la aplicación de la LIE, que entró en vigor el 10 de marzo La medida cautelar es para efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIE, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021.
El juez indicó en su momento que a pesar de que solamente un par de empresas solicitaron el recurso, Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico, el efecto de las suspensiones será general. Consideró que otorgar la medida a un particular no sólo le daría una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en el mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar.
