El proceso electoral en curso cuenta con las herramientas necesarias para que se niegue la candidatura a cualquier persona que ejerza violencia política en razón de género, aseguró la Consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey.
“Una persona que violenta políticamente a las mujeres no cumple con un modo honesto de vida y, por tanto, no se puede registrar a un cargo de elección popular y es obligación de las autoridades administrativas, que son las que en primera instancia resuelven sobre postulaciones de los partidos políticos, acatarlas”, sentenció.
Durante su participación en la Sexta Sesión del Seminario Permanente “Democracia y elecciones en el mundo” explicó que actualmente se cuenta con las garantías para que los partidos tampoco postulen a personas que tengan sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o que sean deudoras alimentarias morosas.
Ello, dijo, a partir del formato que deben presentar los aspirantes a una candidatura conocido como la 3 de 3, ya que si bien no pudo establecerse como un requisito, sí es un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad que, de no cumplirse o mentir, impacta en el incumplimiento del modo honesto de vivir que se necesita para el registro a un cargo de elección popular.
“Estamos avanzando, pero tenemos casos límites muy mediáticos en México, muy desafortunados y una forma de violentar a las mujeres es no darles acceso a justicia pronta y expedita. No hay sentencias porque hay carpetas congeladas en las fiscalías, porque se alargan juicios”, indicó.
Ante este panorama estimó que resulta necesario rediseñar esta declaración 3 de 3 y, sobre todo, hacer eco de los señalamientos por parte de organismos internacionales de que en México las mujeres violentadas sexualmente no reciben atención, ni justicia pronta y expedita.
Consideró fundamental y necesario que el Estado mexicano haga énfasis en la violencia que sufren las mujeres en nuestro país y de la cual la violencia política es sólo una parte.
La Consejera Carla Humphrey expuso las acciones que desde el INE se han desarrollado para garantizar que las reformas en materia de paridad y violencia política de género sean efectivamente aplicadas.
Entre ellas destacó la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra la Mujeres en Razón de Género que desde su creación, en septiembre del 2020 a la fecha, cuenta con 21 personas inscritas, 17 hombres y cuatro mujeres.
Violencia política ha estado presente desde que las mujeres adquirieron el derecho al voto
Leticia Bonifaz, experta independiente del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), evidenció que la violencia política en contra de las mujeres existe desde el momento en que surgieron las primeras sufragistas que exigían el derecho al voto que a pesar de que se logró, aún en nuestros días sigue sin traducirse en las mismas condiciones para ambos géneros.
Por lo que si bien reconoció los avances alcanzados en México para garantizar la participación de las mujeres en el ámbito político, el avance dependerá de una verdadera concientización y, sobre todo, cuando exista claridad de “por qué sigue existiendo un techo de cristal, un piso pegajoso para las mujeres”.
Katia Uriona, consultora internacional, habló sobre la experiencia de Bolivia donde, a pesar de haber logrado ya dos legislaturas paritarias, se mantienen muchas resistencias que se expresan en diversos comportamientos para limitar la participación de las mujeres.
Por ello, agregó, la violencia política tiene un impacto mayor ya que no sólo afecta a la mujer contra la que se ejerce, sino que también es un mensaje para todas aquellas que buscan ingresar a la vida política haciéndole saber que el costo de participar es demasiado alto al punto de desincentivarla.
Por su parte Luciana Lóssio, ex ministra del Tribunal Superior Electoral de Brasil habló de la experiencia de su país para lograr una cuota paritaria en la postulación de candidaturas, así como del trabajo que se desarrolló para prevenir la violencia política contra las mujeres ante la falta de un marco normativo vigente.
En este sentido, estimó que Brasil está muy lejos de alcanzar los avances que tiene México para garantizar la representación paritaria que hoy se tiene en el Congreso y sobre la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres.
