La iniciativa preferente que envió el Presidente de la República y que propone reformar y adicionar a la Ley de la Industria Eléctrica, es constitucional y es congruente con lo dispuesto de los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna; porque prioriza el interés nacional de brindar un servicio público de transmisión y de distribución de energía eléctrica.
De acuerdo con el artículo 27 constitucional y el 25, el Estado tiene la rectoría del desarrollo nacional. Esta rectoría se sujeta a los valores de la soberanía nacional y del régimen democrático, promoviendo competitividad, crecimiento económico y empleo, para una justa distribución del ingreso y de la riqueza nacional.
La iniciativa y ahora este dictamen, es congruente con lo establecido por este artículo que, además estipula como áreas exclusivas del Estado, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
El Estado no puede renunciar a estas dos áreas exclusivas, así lo mandata la Constitución. Reitero, la iniciativa es constitucional, la Constitución no estableció ninguna regla para la participación de particulares en áreas exclusivas del Estado, lo dejó todo a la ley al señalar que esta sería la que fijaría las normas para los procedimientos y contratación y demás actos jurídicos en áreas exclusivas del Estado.
También este dictamen es congruente con lo que dispone el artículo 25 constitucional en lo relativo a que la política para el desarrollo industrial será sustentable. De manera infundada, aquí se ha señalado que este dictamen elimina la generación de energía eléctrica a través de plantas de energía limpias: nada más falso y ahora lo acredito.
El artículo 3 de la fracción XXII de la Ley de Industria Eléctrica, establece las denominadas energías limpias, entre las que se encuentran el calos de los yacimientos geotérmicos, la energía proveniente de centrales hidroeléctricas, la energía núcleoeléctrica, la energía generada por centrales térmicas y otros.
En el propio documento que discutimos el dictamen, el Presidente d la República se proponía establecer y se propone establecer ahora el Legislativo, un orden de prioridad en la energía producida por las hidroeléctricas, la energía limpia y energías generadas por plantas de la CFE, entre las que están la energía nucleoeléctrica, la geotérmica, el ciclo combinado y las termoeléctricas.
Es decir, para el despacho de la energía eléctrica, en primero y segundo lugares queda la generación eléctrica con energías limpias, como la derivada de las hidroeléctricas, de las cuales CFE tiene diez en los estados de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Nayarit y Jalisco; y varias de estas han sido eje fundamental del sistema eléctrico nacional durante décadas.
Todas estas plantas hidroeléctricas, son de la CFE, empresa que aspiramos sea rentable. Y, si bien no está descartada la generación de energía eléctrica a partir de plantas eólicas o solares, que también son energías limpias generadas a partir del aire, del sol, principalmente por particulares; sólo se regula un orden para su despacho.
Es decir, México sí es promotor del uso de energías limpias. Creemos en la conservación de los recursos naturales para las generaciones presentes y las futuras.
Por eso, este dictamen es congruente con el contenido del artículo 4º constitucional, que establece el derecho humano a un medioambiente sano y con lo señalado en el artículo 25 del mismo ordenamiento; en lo relativo a que la industria mexicana debería ser sustentable.
Aquí quiero referirme al concepto de la sustentabilidad, reconocido por la ONU como la actividad que presenta armonía entre los siguientes tres factores: el económico, el ambiental y el social. Este último comprende la inclusión y la participación de sectores vulnerables, para que sean atendidos por un servicio público de energía eléctrica accesible.
Al obligarse a la CFE a adquirir energía eléctrica en condiciones fuera de mercado, se podría poner en riesgo el acceso a la energía eléctrica de los sectores más desprotegidos.
El artículo 28 constitucional establece que no constituyen monopolios las funciones del Estado en áreas estratégicas, como es el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Reitero, el Estado es el rector en tales áreas.
En las disposiciones transitorias de las reformas constitucionales de diciembre de 2013, de manera indebida y con excesos, se establecían obligaciones no comunes para este tipo de normas, que sólo fijan temporalidad para la vigencia.
Aun así, no hay un solo artículo transitorio contenido en este decreto de reformas constitucionales que contravengan de ninguna manera, el propósito del poder constituyente y el propósito de la mayoría de legisladores en este país.
Por eso no cambia el esquema de libre competencia, sólo establece prioridad para los contratos de cobertura eléctrica de entrega física, en donde hay varias energías limpias y posteriormente las energías eólicas y solar.
Sujeta este documento legislativo, la emisión de permisos a la congruencia con el sistema eléctrico nacional, que es área exclusiva del Estado. Las subastas permanecen, pero más que un “deberán”, se establece como un “podrán”: la CFE podrá obtener certificados de energías limpias en plantas constituidas a lo largo de su existencia, siempre y cuando cumplan con el procedimiento regulado en la ley.
Respecto a la seguridad jurídica de los inversionistas, si bien en el artículo 3º transitorio se establece que los permisos de autoabastecimiento podrán ser revocados, ello será posible bajo procedimientos administrativos regulados en la ley; es decir, previa garantía de audiencia prevista en el 14 constitucional.
Quienes se sientan afectados por la resolución, podrán impugnarla por la vía ordinaria o extraordinaria que corresponda.
En el artículo 4º transitorio, si bien se determina que se revisarán los contratos de compromisos de generación de energías eléctricas, no se refiere a los suscritos en la vigencia de la ley actual sino a los realizados al amparo de la ley del servicio público de energía eléctrica anterior; lo que se establece es su revisión, a fin de evaluar su rentabilidad para la CFE.
No olvidemos que uno de los propósitos de la reforma promovida por la mayoría legislativa en el 2013, era que la CFE fuera desmantelada.
No se logró y por eso creo que ahora la mayoría legislativa que ahora existe en el Poder Legislativo revierte aquella tendencia que fue demasiado cuestionada por muchos de nosotros.
Es decir, este documento no atenta contra la libre competencia, la regula.
No es inconstitucional, promueve energías limpias que genera la CFE, como las derivadas de hidroeléctricas, geotérmicas y termoeléctricas.
Es congruente con lo dispuesto por el artículo 25 constitucional, el cual dispone que el Estado tiene la rectoría del desarrollo nacional.
Promueve la rentabilidad de la CFE como empresa productiva del Estado.
Por eso creo que es una reforma indispensable.
Déjenme, por último, ciudadano Presidente y ciudadanos legisladores que están aquí presentes o conectados, decirles una experiencia personal:
2013 era diputado federal, votamos en contra un grupo pequeño de apenas quizás 20, contra la reforma energética, contra la reforma educativa, contra la reforma fiscal, contra la reforma de telecomunicaciones; las llamadas reformas estructurales. Y advertimos en aquella ocasión que habríamos de revertir estas reformas que privatizaban y que desmantelaban al Estado de su prestación del servicio público.
Por eso, ahora no debe de extrañarles a nadie; eso lo planteamos desde el 2013, y la lucha que emprendimos desde entonces, que culminó en el 2018, era para eso, la gente votó para hacer posible estas reformas y fortalecer la rectoría del Estado.
Yo no titubeo, no me siento mal ni en conciencia ni en congruencia, lo único que advertimos fue que, si llegásemos a ser mayoría, nosotros revertiríamos, tal y como lo hicimos en la Reforma Educativa, aquella reforma que por cierto si alguien recuerda los discursos, fue muy pesado el ambiente, se circuló el Congreso con policía, con tanques, con mucho poder del Estado y a la oposición nos trituraron, a la oposición nos pisotearon, a la oposición nos ignoraron.
Es muy sencillo revisar que en aquel tiempo la mayoría no nos escuchó; la mayoría nos ignoró, la mayoría nos humilló. Nosotros no, simplemente cumplimos con un propósito que nos planteamos; simplemente cumplimos con un propósito que nos planteamos y que al pueblo de México no debe extrañarle que estamos actuando congruentemente, como lo está haciendo la oposición, que en aquel momento era mayoría y que ellos saben que así lo planteamos desde el 2013.
Por eso, me parece normal que ellos adviertan que acudirán a los órganos jurisdiccionales, que están en contra y que van a tornar todo un movimiento en contra de la Reforma.
Nosotros creemos que estamos en nuestro deber y en nuestra congruencia como mayoría legislativa. Pero sí les decimos: los respetamos, los escuchamos y asumimos una posición congruente frente al país y frente a los ciudadanos de esta Nación enorme.
Muchas gracias y a todos les expreso mis respetos.
