*Sin Fuero Gobernó el DF Apenas 24 Horas más
*Fox Inició la Cacería y Cuando Tenía a la Presa…
*No hay Registro de Gobernadores desaforados
*Se Aplicaba Otra Medida: Por Motivos de Salud
Por Alberto Almazán
La pretensión de la Fiscalía General de la República de lograr el desafuero del gobernador en funciones Francisco Javier Cabeza de Vaca, de concretarse en la Cámara de Diputados –se da por descontado- no sería el primer caso en México. El primero –y hasta entonces único- lo protagonizó Andrés Manuel López, quien el 7 de abril de 2005. La causa: no acatar un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el temor de Vicente Fox de convertir en “mártir” a quien ya se perfilaba como futuro candidato a la Presidencia postulado por el PRD, impidió que el desaforado pisara la cárcel. La fianza para no pisar la cárcel se fijó en dos mil pesos suma que fue pagada por los entonces asambleístas Gabriela Cuevas y Jorge Romero, en ese entonces del PAN. Hoy Cuevas es legisladora por Morena.
Cabeza de Vaca es acusado de haber cometido los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal, la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de la Cámara de Diputados, integrada por 5 legisladores y la presiden alternadamente las presidentas de las comisiones de Gobernación y Población, y la de Justicia, Rocío Barrera Badillo (Morena) y María del Pilar Ortega Martínez (PAN) respectivamente; Ivonne Liliana Álvarez García (PRI), Silvano Garay Ulloa (PT) y Carmen Humberto Pérez Bernabé también de Morena, se abocará a examinar los elementos presentados por la FGR y determinará si ha lugar el juicio político con resultado de desafuero para que el gobernador se juzgado por las instancias correspondientes.
(Por las filtraciones y el comportamiento de los diputados federales que cuentan con la mayoría calificada al contar con sus incondicionales aliados PT y PRS se afirma que Cabeza de Vaca se convertirá en el segundo gobernador en perder el fuero y ser sometido a la justicia). Antes los gobernadores solicitaban licencia “por motivos de salud o por haber sido invitados a acompañar al señor Presidente”.
Sin que se conozca oficialmente la ruta que tomará la Subcomisión, se prevé que la aprobación de la petición de la FGR será fast-track y el Pleno de la Cámara de Diputados la votará y, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá que remitir su fallo al Congreso Local de Tamaulipas que es la instancia legal y jurídica para determinar si atiende la decisión de los legisladores federales.
UN PROCEDIMIENTO QUE PODRÍA FRACASAR
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos –vigente- planea entre sus artículos 12 y 24 el procedimiento para desaforar a un servidor público, en este caso, a un gobernador. La tramitología conduce el inicio del proceso en la Cámara de Diputados, pasa al Senado y si declara ha lugar, se erige en jurado de sentencia. Sin embargo, las sanciones que se apliquen no son vinculatorias y solamente se toman como declarativas.
La decisión que se asuma, se entiende de culpabilidad, no se traduce en una instrucción del Congreso de la Unión a las autoridades de procuración y administración de justicia –FGR y SCJN- sino en el envío de la documentación y el fallo al Congreso Local de la entidad cuyo gobernador haya sido procesado y encontrado presuntamente responsable.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados tiene un plazo máximo de 30 días para dictaminar si la denuncia presentada en contra del funcionario, procede o no. En el primero de los casos, se aprueba y se envía al Senado de la República. En el segundo, se desecha la petición.
Al Senado también le corre el tiempo de 30 días.
Simplificando el tema –complejo de suyo-, podrían pasar 60 días antes de que exista una decisión por parte del Congreso de la Unión. Suponiendo sin conceder que todo marche conforme lo solicita la Fiscalía General de la República, entre abril y mayo el Congreso Local estará sesionando para conocer del caso y tomarse 30 días como plazo máximo para determinar si ha lugar o no la declarativa del Congreso federal.
¿Qué se atraviesa?
Las campañas electorales. Y en el caso de Tamaulipas, la renovación de los tres órdenes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Municipal.
FOX SE ACOBARDÓ… ¿AMLO TAMBIÉN?
Aquel abril de 2005 se asentó en la historia política de México. Por primera ocasión se desaforó a un gobernador –el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México es considerado como un gobernador de acuerdo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- y la acusación provino del Poder Ejecutivo Federal al ordenar a la Procuraduría General de l República iniciar el procedimiento.
Opiniones encontradas y al final, logrado el propósito que degradara la popularidad de Andrés Manuel López, el presidente Fox decidió que no se procediera al encarcelamiento ni a la destitución.
Sin embargo, apenas se conoció la votación del 7 de abril, al siguiente día López abandonó el cargo y propuso a Alejandro Encinas para cubrir su ausencia. La Asamblea Legislativa aprobó el nombramiento.
Fox, se dijo en ese momento, no quiso convertir a su desde entonces adversario en mártir.
Sin que el caso sea igual, la similitud está a la vista: por la autonomía de la que goza la Fiscalía no recibe órdenes del Ejecutivo federal. Esa es la teoría y eso está en la Constitución y en la Ley Orgánica, aún no reformada, de la institución.
¿AMLO sugerirá suspender el procedimiento?
La lógica indica que no. ¿El costo político?
¡Ninguno!
Y si bien el Congreso de Tamaulipas se encuentra controlado por el PAN recibirá toda clase de presiones para que avale lo que el Congreso de la Unión la habría enviado. “Pero aunque no se desafuere al gobernador, el presidente López gana porque el escándalo se gestó en tiempos electorales”, advierte el senador Julen Rementería del Puerto.
El gobernador colocado en la palestra y rumbo al patíbulo, expresó: «Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello», y enseguida acusó a la FGR de hacer un «uso faccioso de la justicia donde no hay delito».
