El desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está en manos del Congreso del Estado, aseguraron el abogado constitucionalista Mauricio Ramírez y la Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas.
«Parecería que la solución la debe de dar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en primera instancia sí, pero por ser un funcionario estatal, la segunda parte del asunto le corresponde al gobierno local», señaló Mauricio Ramírez, especialista en Derecho Constitucional del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
De acuerdo con el catedrático, si la Cámara de Diputados llega a aprobar el desafuero, la resolución deberá ser remitida al Congreso de Tamaulipas por tratarse de la separación del cargo de un funcionario local.
«La previsión que hace la Constitución, es que se deben hacer un par de previsiones que únicamente le compete al congreso local, como por ejemplo, si tiene que dejar el cargo de manera anticipada o no. En ese sentido, habría que ver qué proceso se sigue y eso lo decidirán los legisladores locales», subrayó.
La misma opinión sostiene el delegado de la Federación de Abogados de Tamaulipas, Fausto Villarreal, quien explica que “después que la Cámara de Diputados haga su aprobación se tiene que hacer lo que establecen los artículos 110 y 111 constitucionales para que se remita a los congresos locales, en este caso el de Tamaulipas y ya el Congreso local, con todos los elementos que fuera necesario acreditar, determinará si es procedente o no este desafuero”.
En el Título Cuarto de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
Francisco García Cabeza de Vaca es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, cargos que debió ratificar ayer ante la Cámara de Diputados para iniciar el procedimiento contra el gobernador, sin embargo, pospuso el tema para hoy.
El jurista Juan Jorge Olvera Reyes, abogado del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, considera que el trámite para el desafuero del mandatario podría tardar de 30 a 90 días.
La parte solicitante, en esta caso la FGR, tiene tres días para ratificar la solicitud de desafuero, los cuales se vencen hoy. Luego, la Cámara de Diputados siete días para notificar al gobernador, dando paso a la etapa de pruebas y el trámite desde el punto de vista legal que prevé la Ley Federal de los Servidores Públicos que establece un plazo de 60 días para que la sección instructora emita un dictamen, aunque este puede ampliarse hasta 90 días.
Juan Jorge Olvera considera que García Cabeza de Vaca está en manos de los diputados federales debido a que las decisiones del juicio político y declaración de procedencia, en especial de la Cámara de Diputados de acuerdo con la Constitución son inatacables e inapelables.
“El Congreso de Tamaulipas tiene que ajustarse al dictamen y en dado caso de ser procedente nombrar a un suplente ya que incluso de darse el desafuero el mandatario podría ser detenido”, sostuvo.
El abogado descarta que este trámite tenga similitudes con el proceso que enfrentó Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de gobierno, “a él -AMLO- fue otro tipo que le llaman juicio político y en este caso -el de García Cabeza de Vaca- es una declaración de procedencia, donde se trata de levantar la inmunidad procesal en materia penal.
Sin embargo, el jurista lejos de una cuestión legal ve tintes políticos. “Entiendo que esta situación surgió en un momento electoral que puede tener sus repercusiones, siempre los abogados deseamos que estos procedimientos no estén adosados de una cuestión política, que sea inminentemente jurídica”.
Olvera, quien formó parte del equipo de cuestiona que la solicitud se haya hecho justo antes de las elecciones concurrentes del 6 de junio y conmina a que la definición sea con base a conceptos jurídicos y no políticos.
Explicó que “el gobernador va a tener la oportunidad de ofrecer pruebas, de hacer alegatos, de tener derecho de defensa y en su momento esa Sección hará un dictamen, lo someterá al pleno y emitirá su opinión o conclusiones respecto si hay delito, probable responsabilidad y consecuente a lugar de quitar la inmunidad que tiene el gobernador y, dicho lo anterior, notificar al Congreso local para que proceda conforme a sus atribuciones”.
