El Inai ordenó este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la versión pública del parte médico de la revisión que un doctor de la Fiscalía realizó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el día que fue extraditado de España a México en julio de 2020.
Aquel 17 de julio, a Lozoya se le diagnosticó anemia y problemas de esófago, problemas de salud que evitaron que pisara la cárcel.
En una resolución dada a conocer este miércoles el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la FGR dar a conocer una versión pública de ese parte médico y además instruyó a la Fiscalía a publicar la bitácora del vuelo del traslado de Lozoya.
Incluso, se debe dar a conocer si se le dio algún aperitivo durante el vuelo.
Ante ello debe revelar, entre otros datos, los nombres de los funcionarios de la FGR que viajaron con él, el tipo de avión, la matrícula, cuánto gastaron de combustible y gastos que se hayan realizado durante el viaje.
Esa noche que regresó el señor Lozoya (…) la FGR fue escueta en su comunicación y lo único que dijo es que había regresado con esa condición, pero ni siquiera nos consta a nosotros (…) si fue llevado a un hospital, porque ni siquiera eso quedó como parte del asunto“, dijo el comisionado del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas al presentar el asunto.
Agregó que la información de salud de una persona es un dato sensible, pero que era importante conocer el parte médico por el cual Lozoya no fue trasladado a una prisión cuando fue extraditado de España a México.
La instrucción del Inai se dio luego de la FGR negó a un ciudadano revelar dicha información esto con el argumento de que estaba relacionada “con una investigación abierta y se consideraba reservada”.
A su llegada México, la FGR informó que Lozoya fue trasladado a un hospital por varios problemas de salud, como anemia, detectados a su llegada a México tras ser extraditado desde España, por lo que se pospuso su primera cita ante un juez mexicano.
El director de Pemex del 2012 al 2016 llegó a la capital mexicana extraditado por España acusado de corrupción y con la intención de destapar ante el juez varios casos ocurridos durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Lozoya, extraditado el 17 de julio de España, afronta un proceso en libertad condicional por imputaciones de haber recibido 10,5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña presidencial de 2012 y después como director de Pemex (2012-2016).
