Niegan arresto domiciliario a exgobernador Mario Marín

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de declaración preparatoria del exgobernador Mario Marín, en el Juzgado Segundo de Distrito en Cancún.

El exgobernador de Puebla se reservó su derecho a declarar y solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica, informó la asociación Article 19 México.

Marín, conocido como “Gober precioso”, solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de COVID—19 al interior del CERESO y su edad avanzada, pero dicha petición le fue denegada por el juez.

Marín fue detenido el pasado 3 de febrero en un domicilio de Acapulco, Guerrero, acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Desde diciembre pasado, autoridades judiciales volvieron a librar ordenes de aprehensión contra Mario Marín, así como del empresario José Kamel Nacif y del exsubsecretario de Seguridad en Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, involucrados también en el caso.

Tanto Nacif, como Marín y Karam son acusados de detener arbitrariamente y torturar a Lydia Cacho en diciembre de 2005.

Aquel año, la periodista publicó el libro Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil, en el cual puso al descubierto la protección que Mario Marín recibía de políticos y empresarios, como Jean Succar Kuri.

Meses después de su publicación, el 16 de diciembre, Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por elementos de la Policía Judicial de Puebla, acusada de los delitos de difamación y calumnia. La periodista acusó que durante su detención y traslado de Cancún a una cárcel de Puebla fue víctima por parte de las autoridades.

Cacho abandonó la prisión bajo caución y enfrentó el proceso en libertad. El 17 de enero de 2006 la periodista quedó exonerada de los delitos.

En febrero de 2006 fueron difundidas unas grabaciones telefónicas entre el entonces gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, apodado “El rey de la mezclilla”, en las que Marín afirmó que “ya le había puesto un “pinchi coscorrón” a Cacho porque en Puebla se respeta la ley”.

Ante esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la investigación del caso por el delito de tortura.

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