Por Raúl Mondragón Von Bertrab
La carta firmada el 11 de los corrientes por tres secretarios de Estado estadounidenses -el de Estado, que en el vecino país del Norte lidera la política exterior, el de Energía y el de Comercio- y dirigida a Marcelo Ebrard, a Rocío Nahle y a Tatiana Clouthier, es un manazo sonoro y vergonzoso para el gobierno mexicano.
Apelando a la cooperación histórica entre los dos países y para el beneficio de ambos pueblos, los ministros remitentes insisten en señalar que acciones recientes de nuestro lado del Río Bravo en materia regulatoria, en especial en lo energético, han creado incertidumbre y han dañado el clima de inversión en el país en lo general. Se alude al bloqueo de permisos para proyectos de energía del sector privado y el favorecimiento a empresas estatales de energía. De ser cierto, advierten, surgirían inquietudes sobre los compromisos de México bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Si bien reconocen el derecho soberano de nuestro país de dictar sus propias políticas en materia energética, consideran de interés nacional las inversiones del contribuyente estadounidense, al tratarse de inversiones públicas hechas a través de la United States International Development Finance Corporation (DFC), el Eximbank de los Estados Unidos y el Banco de Desarrollo de América del Norte.
Como si un profesor de economía de Wharton le hablase a un estudiante de primaria de una escuela rural de Tabasco, los vecinos le explican a nuestros mandatarios que un clima atractivo de inversión, respaldado por regulación no discriminatoria, puede generar empleos y promover la inversión necesaria para asegurar la autosuficiencia energética de México, manteniendo costos razonables para los consumidores.
El manazo del gobierno estadounidense saliente fue precedido por un desaire inventado de la administración entrante, una ocurrencia del presidente López, quien en su conferencia matutina del 7 de enero dijo no haber sido invitado a la asunción presidencial de Joe Biden, siendo que, tradicionalmente, los líderes extranjeros no son invitados por ese país a las tomas de protesta presidenciales. Proyección psicológica o desconocimiento de un tema más, la puntada del presidente mexicano parece reconocer la carencia estratégica en materia bilateral.
Nos unen con los Estados Unidos lazos de todo tipo, desde los geográficos evidentes hasta vínculos familiares, rasgos culturales y un intercambio comercial de casi 50 billones de dólares mes con mes. Una anécdota del pasado reciente que contaba mi padre y que recuerdo con inexactitud pero comprométome a verificar, refiere a un representante del gobierno alemán -¿Helmut Kohl?- responder a un funcionario mexicano que se quejaba de las complicaciones que suponían los 3,145 kilómetros de la imponente frontera con el imperio del norte, que Alemania daría todo por unos cuantos metros de esa frontera.
Nos separa la visión anquilosada de un gobierno afecto a la improvisación y aletargado por la condicionante de un renovado culto a la personalidad de un caudillo, que no tiene cabida en los planes de una nación dinámica, de pesos y contrapesos que si bien han sido puestos a prueba por el gobierno de Trump, han corregido rumbo y saldrán fortalecidos.
En la agenda que la administración Biden no piensa postergar están los asuntos medioambientales, en general, las energías limpias, en lo particular; la seguridad nacional; lo migratorio; lo laboral. El gobierno mexicano deberá rendir cuentas a su socio principal y el cambio de administración lo encuentra mal parado. Le apostó al hombre fuerte, al bravucón que lo impresionaba pero que lo dejaba hacer, por conveniencia y por estar inmerso en los incendios que creaba a diario. López le apostó a Trump y perdió la apuesta.
Cómo nos la cobre el nuevo G.I. Joe está por verse, pero las ocurrencias que disfrazan la agenda que amenaza a la institucionalidad mexicana, estarán bajo una lupa de madera de castaño sujetada por una mano firme que no dudará en empuñarse.
Habría que empezar por revisar el T-MEC, ya que los norteamericanos no han dudado en esgrimirlo. Nuestro artículo 133 constitucional otorga a los tratados internacionales la más alta jerarquía normativa. Para preocuparse, basta con contrastar el andamiaje de la negociación cacahuatera de este tratado con las gestiones en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyo planteamiento contó exprofeso con una oficina de negociación en Washington. La comandaba Hermann von Bertrab. Y en las negociaciones había un así llamado “cuarto de atrás”, donde actores de relevancia fáctica, como Procter & Gamble, eran consultados. El TMEC, acusado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), entre otros, de marginar a la iniciativa privada, fue negociado en las rodillas y por funcionarios aislados, en solitario.
Pero ese es tema en el cual ahondar en posterior entrega.
