*Obras, Programas Sociales, Apoyos, Provienen del Contribuyente
*El Gobierno no Tiene Recursos Propios y, Sin Embargo, se Adorna
*Falso que la Vacuna Contra elCovud-19 se Vaya a Entregar Gratis
Por Alfredo Mejía Montoya
Que las Vacunas para el Covid-19 serán gratis; Que los servicios médicos también; Que los útiles escolares se regalan a la población de escasos recursos; Que el Kit-Covid será para quién resulte contagiado del Virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se le enviará a su domicilio junto con una tarjeta para ayuda económica. . .
Cuántas veces hemos escuchado que lo que proporciona el Gobierno, del nivel que fuere, Federal, Estatal o Municipal, ¡es gratis! ya sean bienes o servicios.
Es cierto que la obligación del Estado es proporcionar servicios públicos, como principal función de un Gobierno, infraestructura para el asentamiento de polos de desarrollo o en comunidades rurales o citadinas, como vías de comunicación, escuelas, mercados, obra hidráulica de drenaje, jardines o lugares de esparcimiento para niños y jóvenes, transporte público eficiente, etcétera.
Esta función no tiene ninguna esencia de gratuidad. Simplemente es el ejercicio del presupuesto de que fue dotado el organismo correspondiente, para cumplir con el mandato constitucional de proporcionar servicios públicos.
Los Gobiernos pretenden hacer creer a la población que lo que ellos proporcionan son prerrogativas del mismo, como si no nos mereciéramos tales servicios,. . . cuando en la propia Constitución está la ordenanza de que ellos son los que deben proporcionar tales servicios públicos. Como ejemplo, el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud. En términos de la Ley General de Salud (LGS), este derecho constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 bis1 de la Ley General de Salud).
A partir de estos criterios, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando: no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el INSABI (antes Seguro Popular), las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE, o similares en las entidades federativas, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados subrogados.
El Virus SARS-CoV2 (COVID-19), evidenció un sistema de salud débil, obsoleto y fragmentado. La falta de inversión en infraestructura, el subejercicio criminal del presupuesto y la creciente privatización de los servicios han dejado al país vulnerable, y a miles de mexicanos se les cancela su derecho constitucional a la protección de la salud. Pese a los impuestos que pagan los contribuyentes ya sea a las utilidades o al consumo.
Las carencias de infraestructura son más que números para quienes no son atendidos por falta de médicos o la saturación del servicio o reciben atención deficiente. Esto quedó al descubierto durante la actual y reciente pandemia aún en curso.
La manifestación de los programas de gobierno, de decir que tal o cual bien que se repartirá, distribuirá o entregará a determinados ciudadanos en forma gratuita, es erróneo, ya que quien cubre en realidad, todos esos gastos o costos de los bienes y servicios, son los contribuyentes, y no el gobierno, como siempre se ha ostentado hacerlo.
Vayamos a un ejemplo muy actual: la vacuna contra el coronavirus, se dice desde la mayor tribuna del País, que la será gratuita, Y no, no son ni serán gratuitas, estas vacunas tendrán un costo, un precio, que deberá cubrirse a aquellos laboratorios que la produzcan contra el virus de la pandemia, el COVID-19, así como los gastos de almacenamiento, distribución y aplicación; y si a eso le sumamos los costos administrativos del gobierno y la publicidad del programa en todos los medios masivos de comunicación, el costo se eleva en forma exponencial, y al final de cuentas, quien paga todos esos costos y gastos, son los contribuyentes con el pago de sus impuestos.
Basta recordar con la retórica del Titular del Ejecutivo, mismo que afirmó en la conferencia de prensa del 16 de enero 2020, desde Palacio Nacional que el primero de diciembre de 2020, va estar funcionando el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos, como en, Dinamarca, Canadá o Reino Unido,… cuándo, como hemos visto, nada es gratuito, sin embargo, esperemos que por lo menos lo reinauguren el primero de diciembre como se comprometió el presidente López Obrador en esa conferencia.
Y lo grave del caso, arriba a escenarios de distribución del presupuesto en diversos programas sociales, siguiendo la retórica de la gratuidad, en los que no solo se refiere a que los bienes y servicios son gratis, sino hasta el recurso en efectivo también, como sucede con programas como el de Jóvenes de Construyendo el Futuro, en los que se entrega dinero en efectivo en cantidades excepcionales, recursos que en los albores del presente año, rondaban los $ 3,690 pesos mensuales a cada joven; por 900,000 jóvenes, arrojan la suma de $ 3,321,000,000 por 12 meses $ 39,852,000,000 durante el ejercicio 2020, un dispendio descomunal del dinero de los contribuyentes. Y tampoco son gratis, porque provienen de dinero público, esto es, de los contribuyentes, que parece que en nuestro País, son los únicos que soportan los gastos y ocurrencias del gobierno federal.
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