*El Presidencialismo y el Abandono de Estados y Municipios
*Hasta que se Reformó el Artículo 115 de la Constitución
*Pero más Tarde Cesó la “Subordinación” de los Gobernadores
*También se Rompió la Máxima de “Virrey no Pone Virrey”
*Los Senadores de Primera Minoría y los de Partido
*La Tercera Repercusión fue la Creación de la Conago
*El Pacto Fiscal hoy Parece Cobija de Vagabundo
Por Ezequiel Gaytán
El federalismo se define como la doctrina política que busca que un grupo de entidades se agrupen delegando ciertas atribuciones de Estado y cediendo algunas libertades propias a otro organismo, pero conservan cierta autonomía, pues algunas competencias les pertenecen exclusivamente de manera soberana. Léase, un grupo de estados asociados delegan competencias a un Estado federal central.
No voy a detenerme a explicar toda la lucha que en el siglo XIX nuestro país sufrió en guerras fratricidas a fin de llegar a definirnos como República Federal y no central. Lo que si habré de subrayar es que, en efecto, parte del modelo fue debido a la influencia que los Estados Unidos dejaron sentir en nuestro país, pues ya demostraba desde entonces que se trataba de un sistema eficaz en su organización y que permitía una forma de gobierno óptima en territorios extensos y con poblaciones dispersas. Pero esa no fue la única razón por la que nosotros decidimos ser una nación federal.
Pensadores de la talla de Miguel Ramos Arizpe argumentaron que a nosotros también nos convenía y conviene ser federalistas por los males que se vivían en la provincia y el abandono del centro. Hoy yo agregaría porque así fortalecemos las herencias culturales, respetamos a los pueblos indígenas, por las formas de trabajo y debió a las múltiples formas de organización social y laboral que tenemos.
Aún más, fue gracias a que los municipios en el siglo XIX no dejaron de trabajar y prestar servicios a la comunidad por lo que no se desmoronó nuestro país, mientras en la ciudad de México se suscitaban los cuartelazos.
Posteriormente en la medida en que los gobiernos de la revolución fueron acumulando poder en torno a la figura presidencial, poco a poco fuimos abandonando en la práctica a las entidades y a los municipios. Fue hasta la administración de Miguel de la Madrid que se reformó el artículo 115 de la Constitución y empezó un nuevo impulso a esa figura jurídico-política de esas dos instancias de gobierno. Posteriormente con la transición de los gobiernos priistas al panismo en el año 2000 se rompió la relación de “subordinación” de los gobernadores a la institución presidencial y ocurrieron, al menos, cuatro consecuencias.
Una, fue la vigorización de los gobernadores y las fuerzas vivas en las entidades, lo cual generó que ellos propusieran a su partido el nombre de su candidato y casi siempre su sucesor, con lo cual se rompió aquella vieja máxima de “virrey no pone virrey”. La segunda fue la presencia de senadores de primera minoría y la representación de senadores de partido en la Cámara alta del Congreso de la Unión. La tercera repercusión fue la creación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que es un hito histórico de lucha en favor de la fuerza soberana de las entidades y la cuarta es que se conservó eso que llamamos el Pacto Fiscal y cuyo nombre formal es la Ley de Coordinación Fiscal de 1978 que se aprobó durante la gestión de José López Portillo. Es cierto que ha sido retocada por cada gobierno y ya parece una cobija de vagabundo por la cantidad de parches y burdos zurcidos. Ahora necesita una cirugía profunda o, en su caso, una seria revisión a la luz del fortalecimiento económico derivado de la actual crisis sanitaria.
La marcha por el federalismo es tal vez una de las más difíciles y sinuosas que enfrentamos los mexicanos, sobre todo porque somos, en términos socio económicos, tres territorios. El norte con mayor productividad e ingreso per cápita, el centro le sigue en ese renglón y, finalmente, los estados sureños con claras manifestaciones de pobreza. De ahí que es un asunto de justicia social y equidad económica.
La actual administración, paradójicamente, se ha mostrado reacia a debatir dos temas del fortalecimiento federal. El primero versa acerca de las presiones que los superdelegados ejercen respecto a las decisiones soberanas de los estados, pues dichos representantes presidenciales personifican, en un gran número, la intención de ser los candidatos del Partido Morena en sus respectivas entidades. El segundo es el tema de la necesaria reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, la cual requiere un debate a fondo, pues la intención es el desarrollo integral de toda la nación y no solo de algunas regiones.
Ambos temas se han agudizado por el trato que el Ejecutivo ha mostrado hacia los gobernadores, la crisis en la CONAGO y las acusaciones no demostradas de corrupción. Aquel viejo binomio de las secretarías de Gobernación y de Hacienda en las entidades, con lo cual el presidencialismo controlaba a los gobernadores, ha sido sustituido con la presencia de los superdelegados que desasean las formas políticas, pues es clara la intención de imponer la presencia del partido Morena en los estados de la República.
Ambos temas, de abrirse el debate, significarían sin duda una apertura en favor de la nación y el federalismo, pues la presencia de gobernadores, servidores públicos federales, estatales y municipales, académicos y conocedores del tema, enriquecerían los diversos puntos de vista y, en su caso, se enriquecerían las propuestas de solución.
Pero no lo ven así desde el Palacio Nacional, pues en términos de la real politik domina la composición del Congreso de la Unión, puede imponer su voluntad y postergar el tema, lo cual le acarreará posiblemente más votos en contra que a favor el próximo año. Es importante recordar que el Pacto Fiscal, efectivamente, ha ayudado a reducir las brechas de desigualdad entre los estados de la República, empero ha creado marcadas diferencias en la recaudación de cada entidad.
El debate que los mexicanos sostuvieron durante el siglo XIX, tristemente ha reaparecido en esta administración, por las circunstancias que vivimos. No hay el suficiente dinero en las arcas nacionales, la pobreza crece, se desperdician recursos, las fuerzas armadas cobran presencia y el titular del Poder Ejecutivo Federal demanda mayor discrecionalidad en el manejo extraordinario de los bienes nacionales.
Pero las preguntas están frente a nosotros: ¿Cómo favorecer de una mejor manera la distribución de los recursos financieros: el centralismo, el federalismo o el simulacro de un federalismo?
Tristemente sabemos que el fingimiento ha sido la respuesta. Cada sexenio los presidentes debaten el tema con sus respectivos gabinetes económicos, con algunos gobernadores y con expertos en el tema.
También cada sexenio la conclusión ha sido postergar el tema y que lo resuelva el siguiente.
Por lo visto la simulación ya es la decisión de esta gestión y corresponde a la historia juzgar.
Seguramente no es fácil decidir acerca del tema del fortalecimiento de estados y municipios en materia fiscal. Sobre todo, porque los indicadores nos demuestran que es la menos mala de las opciones que tenemos. De ahí que lo primero que hay que reconocer es que no existen los modelos puros, en segundo lugar, que no hay un plan de mediano plazo para mejorar el diagnóstico y el tercero es que estamos regresando al presidencialismo con todos sus deseos de centralizar y controlar a los gobernadores mediante los presupuestos de ingresos y de egresos. Lo cual es un retroceso en la vida libre y soberana de las entidades y un contrasentido al espíritu federalista que se asentó desde la Constitución de 1824.
