Cienfuegos Sería Juzgado por un Tribunal Militar no Civil

*Presidencia y Cancillería: No Habrá Impunidad

*Confían en la FGR Aunque Carezca de Competencia

*Se Crearon Historias Tejidas en Base a Hipótesis

*Nunca Confirmadas y Apenas Desmentidas al Vapor

Por Gerardo Lavalle

Si desde Palacio Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República se frotaban las manos para iniciar un proceso penal en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda a su repatriación a México, deberán leer el Código de Justicia Militar.

El artículo 58 reza a la letra: Cuando en virtud de lo mandado en el artículo anterior, los tribunales militares conozcan de delitos del orden común, aplicarán el Código Penal que estuviere vigente en el lugar de los hechos al cometerse el delito; y si éste fuere de orden federal, el Código Penal que rija en el distrito y territorios federales y 59 cuyo texto no deja duda alguna: La jurisdicción penal militar, no penal militar, no es prorrogable ni renunciable.

Con matices grises que no justificaron su detención y ahora su libertad, el caso del que fuera secretario de la Defensa Nacional durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, produce múltiples hipótesis y constantes desmentidos.

Un acuerdo entre los fiscales de Estados Unidos y México, William P. Barr y Alejandro Gertz Manero respectivamente, señala que el Departamento de Justicia de la Unión Americana se desistirá de todos los cargos criminales de los que fue acusado Cienfuegos porque existe el compromiso de la FGR de continuar las investigaciones y esta decisión confirma la colaboración bilateral entre ambas naciones.

Informes no desmentidos en primera instancia y sí 12 horas después del arribo del militar procedente de Nueva York por el propio presidente López, habían revelado que México “amenazo” al gobierno de Estados Unidos con “revisar” la actuación de los agentes de la DEA en nuestro país.

“Están diciendo que amenazamos con expulsar a los agentes de la DEA, no amenazamos a nadie, lo único que hicimos fue, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien”, expresó durante su conferencia matutina del pasado jueves.

Sin embargo, la información publicada por el Washington Post tiene una fuente de un funcionario mexicano y en su momento nadie la puso en duda.

Un extenso reportaje de emeequis publicado en su portal el mismo jueves, desveló la existencia de un ente llamado “El Sindicato” dentro del Ejército a quien le atribuye haber ejercido presión para que Cienfuegos fuera liberado mediante acciones concretas que realizara el Gobierno federal.

En Estados Unidos, desde el Capitolio surgieron voces de senadores republicanos que reclamaron el desistimiento de los cargos criminales que pesaban sobre el militar mexicano y afirmaron que la decisión “pone en riesgo el sistema de justicia”.

DE HIPÓTESIS, TODA LA INFORMACIÓN

Después de permanecer detenido durante 31 días en las cárceles de Los Ángeles y de Nueva York, realizadas tres audiencias y con la declaración de no culpable, el caso Cienfuegos, apodado “El Padrino”, presuponía una reclusión de por vida. Los alegatos de los fiscales y de los defensores, realizados el privado, comprobaban, de una parte la presunta responsabilidad del militar a quien agentes de la DEA habrían investigado durante una década, según sus declaraciones contenidas en un documento oficial de 743 páginas. El 16 de octubre, 24 horas después de la aprehensión, la versión oficial fue: el caso armado por la DEA es “muy sólido” por lo que se esperaba el inicio del proceso para aportar pruebas que dieran sustento al juicio.

Las hipótesis corrieron como reguero de pólvora sin que sin que nadie las confirmara ni desmintiera.

El presidente López daba por buena la narrativa que se tejió alrededor del exfuncionario federal responsable del Ejército Mexicano y garante de la Soberanía Nacional.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, trabajó en secreto y jamás informó de sus llamadas al fiscal general de Estados Unidos. La confirmación oficial le atribuye todas las gestiones diplomáticas para alcanzar el acuerdo que liberó a Cienfuegos.

En medio de las hipótesis, se corrió una que involucró al casi expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien se dijo ordenó la detención justo 20 días antes de las elecciones como una maniobra para demostrarle a los votantes que sí hay una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado de México. Días antes de la detención, el mandatario había dicho que nuestro país no estaba cumpliendo con los acuerdos para combatir la criminalidad y frenar el trasiego de drogas. Y amenazó con tomar medidas drásticas.

Otra conduce directamente a Palacio Nacional, desde donde se afirma, se tejió una investigación en contra del general. Nunca se aceptó e incluso el presidente López en repetidas ocasiones desmintió que la Fiscalía General de la República hubiera abierto una carpeta de investigación.

Muchas más surgieron en los días siguientes a la detención.

IRRITACIÓN EN LA MILICIA

El Ejército no tiene espíritu golpista y por el contrario, en 2020 cuando el PRI perdió por primera ocasión la Presidencia de la República y se temía una acción de indisciplina de los militares, mostró su lealtad a las instituciones y mantuvo la paz social en el país.

Desde el gobierno de Luis Echeverría, cuando se dijo y nunca se confirmó la supuesta “rebelión de los coroneles”, no se tiene registros de la milicia haya cometido actos que pudieran ser considerados como “traición a la patria”.

Sin embargo, la detención de un mando militar que ocupó el cargo más elevado que se tiene en el escalafón militar provocó reacciones entre quienes lucen en su quepí, una, dos y tres estrellas que mostraron la irritación.

A los generales se unieron coroneles, tenientes coroneles y capitanes. La tropa simplemente responde a sus jefes directos. Mucho se habló de que algunos de los comandantes de las 47 zonas militares, mostraron su malestar porque Cienfuegos fue su jefe durante seis años y los nombró.

El presidente López negó el pasado miércoles haber recibido presiones por parte de las fuerzas armadas, pero reconoció –tratando de enmendar lo expresado el 16 de octubre- que se involucró directamente en el tema porque el prestigio del Ejército se estaba dañando.

No obstante el cúmulo de versiones de que los militares exigieron defender a uno de los suyos, el mismo día en que viajaba a México, el general Cienfuegos ratificó que no “habrá impunidad”.

EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

Expertos en justicia militar comentaron con MISIÓN POLÍTICA que si el exsecretario de la Defensa Nacional estuvo presuntamente relacionado con la protección de criminales, tendrá que ser juzgado por los Tribunales Militares.

A pesar de la claridad con la que se establece quién tiene la responsabilidad de administrar la justicia en tratándose de militares, el responsable de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, confirmó que la Fiscalía General de la República actuará en congruencia.

“El presidente nos instruyó que dijéramos con prudencia, pero con firmeza y claridad que la posición de México es defender su dignidad y de sus instituciones y de nuestras fuerzas armadas”, expresó para justificar sus acciones ante las autoridades de Estados Unidos.

Enseguida confirmó: “hay certeza que habrá una investigación en México con los más altos estándares de efectividad y honestidad, y se confía en la Fiscalía y al Poder Judicial de México, lo cual nos parece muy significativo, proviniendo de las autoridades también judiciales de los Estados Unidos”.

Abundó en el tema: “Se defendió la dignidad (del país) pero de ningún modo se permitirá la impunidad (…) también se habrá de hacer justicia conforme la ley mexicana dispone. Si hay investigaciones de corrupción que se le haga del conocimiento a la autoridad mexicana, que aquí se sabrá aplicar la ley. Y que sean procesados y en su caso sentenciados por México y no por otros países, y esa es la base que ha indicado México, lo eso es lo que se ha convenido y conversado con las autoridades de Estados Unidos”.

Los artículos 60 y 62 del Código de Justicia Militar –instrumento creado en 1933 y reformado en algunos de los 923 que conforman su contenido, precisan:

Artículo 60- Es delito de la competencia del fuero de guerra, encontrándose procesado por alguno del orden común o federal, la autoridad judicial militar instruirá la causa, como si el detenido se hallara a su disposición desde que dicte el auto de incoación, si tiene conocimiento del lugar en que el inculpado se halle detenido, y si no, desde el momento en que tal circunstancia le fuere sabida. En el caso que menciona este artículo, el juez militar librará oficio informativo al del orden común o federal.

Artículo 62. Es tribunal competente para conocer de un proceso, el del lugar donde se cometa el delito.

De tal suerte, si en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República se comprueba la responsabilidad del general Cienfuegos y de otros militares, tendrá que remitirla a los Tribunales Militares.

Salvo, claro, que se ordene al Congreso de la Unión reformar el Código de Justicia Militar.

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