Por Jesús Michel Narváez
De manera sorpresiva, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que solicitará que se retiren los cargos en contra del extitular de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que sea investigado en México.
Un comunicado sui géneris con dos firmas: la de los fiscales generales de Estados Unidos y México, William P. Barr y Alejandro Gertz Manero.
“En reconocimiento de la sólida asociación de aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales de Estados Unidos contra exsecretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana”, confirma el comunicado.
Lo que no era público pero se había filtrado es que la Fiscalía General de la República hizo la solicitud de que el alto mando castrense regresara al país.
Un párrafo que no tiene desperdicio: “A solicitud de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del Tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación de Autoridades mexicanas”.
¿De qué se trata?
Al que fuera el hombre al mando de las fuerzas armadas mexicanas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto lo agarraron los sheriffs al estilo americano: todos con pistola en mano y como era de peligro lo encarcelaron, primero en Los Ángeles y después en Nueva York, en el distrito de Brooklyn. El fin de semana pasado se filtró la información de que el general estaría negociando con los fiscales para convertirse en testigo protegido, versión desmentida por la defensa del mexicano.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard confirmó que el Departamento de Estado retiraría las acusaciones.
Los principales cargos que le fueron imputados a Cienfuegos Zepeda fueron lavado de dinero, recibir sobornos del crimen organizado y proteger a los narcotraficantes, sobre todo de Nayarit.
Se habló de que la investigación realizada por agentes de la DEA “es sumamente sólida”. Quizá por ello nunca fue compartida con México.
¿Para qué lo traen? Dos elementos se forman en fila militar: el poder de las fuerzas armadas para impedir que uno de los suyos y del más alto grado fuera juzgado por la justicia de un gobierno extranjero y dos, que desde la Fiscalía General de la República se busque procesarlo por sus nexos con el crimen organizado. ¿Hay una carpeta de investigación cuando el propio Presidente López reconoció que no había nada contra el general?
Si no nos pega la Covid-19 poco viviremos y terminaremos de leer la historia tejida en las tinieblas de los sótanos del poder.
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