El tener al candidato o candidata registrado para las elecciones electorales de 2021 y cambiarlo por contar con un perfil que fomente violencia o haya sido sancionado por algún delito, es suficiente problema para que los partidos lo piensen dos veces, pues la pérdida de la confianza es peor que una sanción económica.
Así lo expresó la Comisionada del Partido del Trabajo de la Ciudad de México, Magdalena Núñez Monreal, al considerar que la desconfianza que generará un partido al proponer como su candidato a una persona que haya sido sancionada por algún delito de violencia es fatal, peor que amonestaciones económicas.
“Los partidos lo pensarán dos veces antes de proponer a alguien sabiendo que saldrá a la luz que no es apto, bajo los parámetros del Instituto Nacional Electoral, como candidato a algún puesto de representación popular. El perder la confianza en un partido, es vital para su vida política.
“Los partidos que quieran mantenerse en el ánimo de la gente tendrán que actuar cada vez con mayor responsabilidad y proponer a las mejores personas para ocupar un cargo de representación popular”, aseguró.
Además, apuntó, eso impide a los partidos: primero, aprovechar el tiempo de campañas y segundo, que la población les dé un voto de confianza.
Lo anterior, comentó, se da luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que, para los comicios de 2021, los deudores de pensión alimenticia, o condenados por violencia familiar o delitos sexuales no podrán ser candidatos a un puesto de elección popular, así como los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres por razones de género.
Los lineamientos incluyen el capítulo #3de3VsViolencia que obliga a los partidos políticos a solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
Núñez Monreal aseveró que, en el Partido del Trabajo de la Ciudad de México, ninguna persona que sea hombre o mujer, que haya sido denunciada la persona por violencia familiar, por faltas al cumplimento de pensión alimenticia o por violencia de género, “no podrá ser acreedor a una candidatura, ni por el partido ni en coalición política si llegara a ser el caso”.
La Comisionada del PTCDMX señaló que esta nueva norma electoral obliga y garantiza que se sumen hombres y mujeres a la vida política de México con los mejores perfiles, conocimientos y aptitudes para una mejor gobernanza, pues “queremos que vayan los mejores a representar al Partido del Trabajo y a la sociedad”.
Aseguró que se tendrá la certeza de una participación democrática y sin violencia política de género contra la mujer al impedir que personas con perfiles agresivos tengan presencia en las elecciones y pondere algún tipo de violencia.
