*Mario Delgado y el eco de Palacio Nacional
*Revivir el Programa 3×1, Propone Marcos Gama
Por Gerardo Lavalle
A.- Sólo a 27 días de que se cumplan 24 meses de gobierno formal, el país se desmorona. Y no, no porque el presidente López haya polarizado a los ciudadanos sino porque la crisis sanitaria, económica y de gobernabilidad están presentes y se sienten.
Intentar desconocer el “levantamiento” de 10 gobernadores y tratar de tapar el sol con un dedo resulta algo menos que inesperado. El presidente no ha puesto la atención debida y por el contrario ahonda la brecha que podría generar una inestabilidad política y social no vista desde hace un siglo.
A los gobernadores de la Alianza Federalista se les ha pasado la mano, aunque la razón les asista en cuanto a la fórmula que se aplica para la devolución de los dineros federales recaudados en las entidades y entregados a la Federación. El presidente sostiene que no se les debe nada a los estados y que tampoco esperen que se les apoye con recursos más allá de lo que marca el Pacto Fiscal. Rechaza reunirse con los mandatarios porque, dice, hay canales para tratar los asuntos. Sin mencionarla por su nombre, le avienta el paquete a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que, a decir verdad, pasará a la historia política del país por haber sido la primera mujer en ocupar esa cartera, pero no por la eficiencia en conservar la gobernanza.
Hasta ahora, son 10 los gobernadores que no ceden en sus peticiones y la parte fundamental recae en el señalamiento de que la Federación ahoga las finanzas estatales. Parte de sus reclamos tienen toda la validez, aunque hay temas que no competen a los Estados Libres y Soberanos, como el de romper el Pacto Federal, que ya rechina y está urgido de recibir aceite y grasa en general. El país se forjó bajo el esquema del federalismo y no hay un camino constitucional ni siquiera jurídico al azar que permita a un gobernador definir su salida de la Federación.
Y si bien le toman la palabra al presidente para que realicen consultas sobre el eventual abandono del Federalismo, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que desconocer el resultado, cualquiera que fuere, porque la integridad territorial de México no se consulta.
Por cuanto a consultar si los ciudadanos quieren seguir o no en el Pacto Fiscal es harina de otro costal.
Actualmente se distribuyen los recursos públicos mediante una fórmula implantada desde 1995 y no ha cambiado. Tendría que reformarse la Constitución para modificar el mecanismo distributivo,
Sin embargo, el acicate para el Gobierno federal en caso de que votaran por dejar el Pacto Fiscal, las consecuencias serían inimaginables.
Los Estados de la Federación son recaudadores de impuestos federales: IVA, ISR y IEPS. No son recursos que les corresponda a las haciendas estatales. Hacen el trabajo sin remuneración alguna. Quizá ahí estaría el meollo del asunto. Encontrar la herramienta que considera el pago de una comisión por lo recaudado y que la entidad correspondiente la descuente al devolver el dinero federal.
Frente a la realidad, el presidente se ha encerrado argumentado que “se debe cuidar la investidura presidencial”, algo que no aplica para su persona y deja a la interpretación su dicho. En lugar de buscar el reacomodo de las piezas del rompecabezas prefiere desaparecerlas y dejar sin terminar el armado.
Al asumir el mandato, protestó respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan mirando siempre por el bien de la NACIÓN y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. La Nación es el todo y no solamente una fracción a la que se debe atender sacrificando a vasta parte de la población.
El presidente está obligado a fortalecer y respetar el Pacto Federal y no amenazar a los gobernadores que tienen reclamos fundamentados. Si el presidente cree que el país es de su propiedad y que los mandatarios deben ser sus lacayos, está equivocado de pe a pa…
B.- Mal anda el Instituto Federal Electoral (INE) cuando en plena marcha del proceso electoral de 2021 habla de la consulta popular que habrá de llevarse al cabo en agosto del siguiente año. Porque primero el novel consejero Uuc-kib Espadas Ancona filtró la versión de que la Consulta costaría 8 mil millones de pesos. Luego la cifra se ajustó a 4 mil y finalmente el Consejo General aprobó mil 400 millones de pesos. Como órgano autónomo constitucional se ha dejado presionar por los mensajes presidenciales y ha evidenciado que en eso de gastar dinero se pintan solos los consejeros y el secretario técnico. Seriedad, señores y señoras consejeras ciudadanas. *** Resulta injustificada la soberbia de Mario Delgado Carrillo después de haber ganado la dirigencia de Morena. Siguiendo la línea de Palacio Nacional dedica lo mejor de sus esfuerzos a degradar a las oposiciones y, por supuesto, a los adversarios conservadores a los que “les ganaremos en las elecciones”. Hay problemas al interior del partido que deben ser atendidos y de eso no hay nada. Afirmar que ganarán sus candidatos después de cómo han dejado sin protección a miles de personas con la extinción de 109 fideicomisos y quitarle al de Gastos Catastróficos 33 mil millones de pesos –enfermedades crónicas y de alto costo- no ayudará mucho a los que se pongan la camiseta guinda. Ah, que don Mario. *** Se presume que México, como país, no tiene injerencia en ninguno de los otros del orbe. Porque son soberanos. Sin embargo, al presidente de la República no le importa guardar las formas y sencillamente critica que adopten medidas drásticas para contener la pandemia del Covid-19. ¿Quién será el consejero en materia exterior? Porque Marcelo Ebrard parece inteligente como para sugerir, siquiera, pelear con los otros por sus decisiones soberanas.
C.- Marcos Gama, senador del PAN por San Luis Potosí presentó una iniciativa para revivir el programa 3×1 que aplicaba para los migrantes que envían las cuantiosas remeses –algo que no se debe mirar con orgullo- y que consistía en que por cada peso que pusieran los mexicanos en el extranjero para desarrollo de sus comunidades la Federación aportaba 3.
Inexplicablemente se dejó de apoyar este programa que ofrecía resultados tangibles, porque las familias de los migrantes eran las principales vigilantes en la aplicación de los recursos.
Nada mala la idea, aunque como la política es que “no haya intermediarios” a lo mejor los senadores no toman en cuenta una solicitud que beneficiaría a 10 millones de familias, lo que sería una lástima. A Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta le toca meter la mano en el asunto. A ver si no le da miedo.
