Después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara irregularidades en la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano (Sedatu) por el presunto desvío de más de mil 747 millones de pesos, la entonces titular, Rosario Robles, ordenó frenar el mecanismo, hoy conocido como La Estafa Maestra.
Un oficio en poder de la defensa de Robles Berlanga -y citado por Milenio-, fechado el 26 de enero de 2017, da cuenta de la petición de la exfuncionaria para evitar convenios con entes públicos.
La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Rosario Robles detalla que como titular de la Sedatu fueron entregados contratos millonarios a universidades y televisoras públicas para realizar servicios.
Estas a su vez, emplearon a empresas privadas que resultaron ser ‘fachada’.
Dicho esquema fue detectado en 2016 por la ASF y al año siguiente, bajo las ‘recomendaciones’ de la Auditoría, Robles Berlanga ordenó mediante un oficio a sus subsecretarios y al oficial mayor Emilio Zebadúa no otorgar convenios a entes públicos a menos que fuera estrictamente necesario.
Según fuentes de la FGR, la defensa de Rosario Robles utilizará dicho oficio para desvirtuar una de las dos acusaciones en su contra por ejercicio indebido del servicio público, en su modalidad de omisión.
Los abogados del despacho Epigmenio Mendieta & Abogados podrían argumentar que con dicho documento, la exsecretaria intentó evitar “dentro de sus facultades” el presunto desvío de recursos en detrimento de Sedatu.
Previo al juicio contra Rosario Robles, el Ministerio Público de la Federación presentará una acusación formal, de manera oral, de la que según sus abogados, no se declarará culpable.
A decir del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el oficio en manos de la defensa de la exfuncionaria es una ‘joya’ dentro del caso.