A petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Contraloría General de la Ciudad de México inhabilitó por un año al exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la administración pública capitalina.
La sanción, impuesta desde el pasado 5 de octubre, se le impuso a Mancera por transgredir las normas electorales en 2018.
Sin embargo, la sanción no imposibilita a Mancera de continuar con sus labores como legislador del PRD y no implica una multa o castigo monetario pues no es un delito electoral grave.
La medida proviene de la queja que presentó el PRI en marzo de 2018 contra Mancera, todavía como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por la difusión de promocionales en radio y televisión durante el proceso federal electoral de 2017-2018.
El PRI impugnó una resolución de la Primera Sala Regional que determinó que el ex jefe de Gobierno no cometió delito alguno en la difusión de dichos promocionales a favor de Ricardo Anaya.
Posteriormente, la Sala Superior ratificó la resolución.
La nueva resolución establece que los promocionales, difundidos días después de haber dejado el cargo como jefe de Gobierno, sí constituyen un delito electoral porque la entonces Asamblea Legislativa no había avalado la separación de Mancera de su cargo.
