Los padres de los niños fallecidos en el colegio Enrique Rébsamen demandan más de 50 años de cárcel para la directora Mónica García Villegas y como reparación del daño cinco millones de pesos aproximados por cada uno de los 19 niños.
En conferencia de prensa en la que estuvieron padres de familia de los niños fallecidos acompañados del abogado Enrique Fuentes León, se explicó que presentarán un recurso de apelación a la sentencia de 31 años de cárcel del Tribunal de Enjuiciamiento -27 años por el delito de homicidio culposo y cuatro años por la responsabilidad de obra- para “Miss Moni”. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya había anunciado que apelará esta sentencia ya que llegó a solicitar 64 años de reclusión.
La abogada Fernanda Fuentes explicó a este diario que como parte de la reparación del daño no todos los padres afectados obtendrán la misma cantidad, ya que dependerá de los resultados de los estudios psicológicos, socioeconómicos y antropológicos que se les han practicado. Aún la demanda de apelación está en proyecto y tienen 10 días para presentarla, de los cuales llevan cuatro.
Enrique Fuentes León dijo que el propósito es que “se cumpla con la ley (…) no estamos pidiendo en forma indebida o en forma incorrecta”. Explicó que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, “ha venido haciendo una actuación, correcta, debida, aunque hoy, a medias, para nosotros, porque todavía pueden hacer más y conocemos la capacidad que tiene la Procuraduría (sic) para llevar a cabo estas actuaciones en una forma correcta”.
Se le preguntó a Fuentes León que la defensa de García Villegas dijo que los 31 años de prisión eran suficientes para que se pueda reinsertar socialmente, a lo que respondió: “ Sabemos que nada es suficiente, porque nada va a devolvernos a las personas que fallecieron, yo sí quisiera que hiciéramos una valoración en conciencia si no fue suficiente que la señora con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, ella llevó a cabo una construcción y sabía y entendía que era indebidamente, tan es así que se dedicó a repartir dinero a los DRO (Directores Responsables de Obra)”.
Destacó: “Yo le preguntó a la sociedad qué es lo correcto para que la señora se inserte socialmente cuando ella tenía pleno conocimiento de lo que estaba aconteciendo, de lo que estaba haciendo y que furtivamente estaba construyendo de forma indebida (…) Entonces, la pena se quedó corta”.
El argumento que tiene la defensa de los padres de familia es que se tienen pruebas de todas las irregularidades que se cometieron en la construcción de una vivienda, que incluía jacuzzi, encima del área administrativa de la escuela, misma que se vino abajo a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017. Además de los 19 menores también murieron siete adultos.
Entre las irregularidades que se encontraron es que operaba como escuela cuando el uso de suelo era para casa habitación, hasta que lograron cambiarlo. Claudia Sheinbaum, la entonces jefa delegacional de Tlalpan -donde se ubica el Colegio Enrique Rébsamen-, se lavó las manos de cualquier atribución para el uso de suelo de la escuela, ya que dijo es responsabilidad del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y sobre la seguridad del edificio expuso que “tiene que ver con el responsable de obras”.
Sobre el memorial que se quiere construir para recordar a los menores, Alejandro Jurado, padre de una de las víctimas mortales, dijo que no hay nada hasta ahora, sólo reuniones. Después de tres años a la fecha aún no hay un memorial y tampoco parte de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos “todavía hay varios funcionarios que no han sido sancionados, lo cual determina la misma recomendación”.
