Por Iván Ruiz Flores
Cuando faltan 72 días para que concluya el peor año que han tenido los mexicanos en más de noventa, no se ve la salida a la situación económica y mucho menos después del plumazo contra los fideicomisos y las consecuencias que repercutirán en los sectores menos favorecidos.
Ese tipo de medidas, además de que son irritantes para la población, no resuelven problema alguno para los mexicanos, a excepción claro del denominado “maiceo” para los votantes del 2021, ya que al mandatario mexicano lo que menos le importa es la situación económica de los mexicanos y eso sí le preocupa, y mucho, perder las elecciones en el 2021.
Y pudiera ser que hoy nos estuviéramos acercando mundialmente a lo que en 2010 tácitamente se presentaba como un hecho del cual escribieron los especialistas Mario Rapoport y Noemí Brenta:
“Las crisis económicas mundiales expresan las tensiones del régimen de acumulación imposibles de resolver según el funcionamiento ordinario del sistema. A la gran crisis de 1929 siguió una depresión superada definitivamente al enorme costo de la II Guerra Mundial. Luego de la expansión de posguerra, la crisis de los años setenta marcó una inflexión. Desde entonces sucesivas crisis se repitieron periódicamente en las cuatro décadas siguientes, con lapsos cortos de recuperación, hasta el estallido de 2007. Este trabajo revisa la crisis actual a la luz de esos 40 años, analiza los ciclos coyunturales y los condicionantes estructurales, los cambios en el pensamiento económico y los intereses en juego, las regularidades y las divergencias entre las crisis desde 1929, las principales fuerzas en pugna y las tendencias futuras que ya se avizoran”.
Ellos remataban hace una década, con el planteamiento:
“Las crisis del capitalismo han significado siempre cambios económicos y políticos traumáticos. Sin duda, ya nada será igual que antes. Pero es necesario aprender de lo ocurrido de modo de convertir el planeta en que vivimos en un sitio más habitable y justo, con un mejor uso de sus recursos y un reparto más equitativo de los ingresos del conjunto de la sociedad”.
Hoy, en la segunda década del siglo XXI, unida a la que antes se denominaba crisis, se encuentra la pandemia que va y viene para asolar a las naciones, ante lo cual no hay hasta el momento algún país que sepa de la posibilidad de tener éxito y convertir el agua en vino.
No, todos los expertos analizan las acciones que se llevan a cabo en Europa, en Estados Unidos y en aquellos países que son los que marcan el ritmo en la materia y, hasta que realmente arribe alguna solución sanitaria, como pudiera ser alguna vacuna, las naciones seguirán probando fórmulas y dándose de topes para lograr avanzar.
México, pues, no tiene garantía alguna y mucho menos cuando destruir lo que podría haber funcionado, es la forma supuestamente de avanzar y construir.
Ni siquiera los puntos que establecía el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 tienen visos de ser cumplidos. Por ejemplo, el que señalaba:
“Durante décadas, el poder político en México ha sido distorsionado y pervertido por la connivencia entre equipos de gobierno y grupos empresariales, hasta el punto en que se hizo imposible distinguir entre unos y otros. De esa manera, las instituciones gubernamentales fueron puestas al servicio de los intereses corporativos y usadas para la creación, consolidación y expansión de fortunas, en tanto que diversos consorcios han disfrutado en los hechos de una perversa proyección política, legislativa, judicial y administrativa.
“El gobierno federal actual se ha planteado el objetivo de separar esos dos ámbitos y restaurar el principio constitucional de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. En lo sucesivo, la capacidad económica y financiera de personas físicas o morales no debe orientar el nombramiento de funcionarios, la adopción de políticas públicas, las decisiones administrativas, la realización de reformas legales, la elaboración de fallos legales y mucho menos la distorsión de la voluntad popular en procesos electorales, como ha ocurrido en el pasado. Las instituciones de gobierno deben velar por las necesidades del país y de toda la población y no sólo por los intereses de grupos de presión empresariales y mediáticos.
“La dinámica de los negocios es indispensable para el desarrollo nacional y para el buen desempeño de la economía, pero es indispensable sacar del ámbito político las legítimas actividades para obtener ganancias. Con este propósito se mantendrá una estricta vigilancia de los conflictos de interés de los servidores públicos, se combatirá la corrupción en la asignación de 18 contratos y concesiones y se sancionará como delito grave todo intento de distorsión electoral mediante la inyección de recursos no autorizados en campañas políticas o para ofrecer beneficios personales de cualquier clase a cambio del voto”.
Al analizar esas palabras es posible darse cuenta que la situación actual está peor a la planteada en ese texto por el Presidente.
