*Lo Señaló la Casa Blanca y Exigió Mayor Esfuerzo
*También Admitió Progresos Sustanciales en el Caso del Opio
*El País Confisca Poca Droga, Aseguró el Estadounidense
*“Amor y Paz” Respondió el Mandatario López Obrador
*Otro Resbalón Presidencial que Exhibió el Desconocimiento
*Es una Opinión y no Vamos a Confrontarnos, Expresó
*Pero Descertificar Corresponde al Presidente de EU Desde 2002
Por Gerardo Lavalle
Con pleno desconocimiento y sin entender la razón del por qué se instauró el acuerdo conocido como Iniciativa Mérida, el 17 de mayo de 2019 el presidente López resbaló, política y diplomáticamente, al señalar “no queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida”. Con la ausencia de la asesoría –se presume- del canciller Marcelo Ebrard-, expresó “no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”. Y planteó que el acuerdo desaparecerá y los recursos recibidos de Estados Unidos por esa vía “serán reorientados para desarrollo productivo y creación de empleos”.
De los 5 puntos sobresalientes el acuerdo establece: “El objetivo compartido de Estados Unidos y México es apoyar la capacidad de una amplia variedad de instituciones y personal del sector de seguridad y justica mexicanos, a nivel federal, estatal y local, para combatir y procesar a las organizaciones de crimen transaccional, para mantener seguros a los ciudadanos y comunidades en ambos lados de la frontera. El apoyo de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida se traduce en equipos, capacitación y programas de desarrollo de capacidades y no hay fondos directos transferidos ni otros apoyos presupuestarios proporcionados por el Gobierno de Estados Unidos al Gobierno Mexicano. La Iniciativa fue anunciada en 2007 como resultado de los cambios realizados por el Congreso Estadounidense a la CERTIFICACIÓN hacia los países productores de droga –en aquel tiempo, 1986, de cocaína, heroína y marihuana- y que requería el cumplimiento estricto de medidas tendientes a detener el tráfico de estupefacientes.
México estaba bajo la lupa del Departamento de Justicia por el excesivo ingreso de mariguana a la Unión Americana que se producía en el país y que llegó a convertirse en “marca reconocida” como la “Golden”.
Estados Unidos endureció sus sanciones a raíz el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985, perpetrado por el Cartel Jalisco que encabezaban Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.
LA CERTIFICACIÓN, AMENAZA PERMANENTE
Durante la década comprendida entre 1975-1985, cuando menos cinco países latinoamericanos inundaron el territorio de Estados Unidos con goma de opio, mariguana y cocaína.
Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia y México fueron ubicados como productores y la Cámara de Representantes propuso certificarlos bianualmente y valorar el comportamiento y la cooperación para impedir la llegada de miles de toneladas de drogas.
México no producía cocaína, pero sí amapola y mariguana. Los cárteles sudamericanos utilizaron el territorio nacional para hacer llegar las drogas a la Unión Americana, en donde se consumía en cantidades alarmantes sobre todo después de la guerra de Vietnam, cuya culminación en 1975 generó miles de soldados afectados y adictos, lo que permitió a los cárteles criminales tener un mercado seguro y redituable.
Los países que recibían certificación, aprobatoria o negativa, buscaron que se eliminara el mecanismo para “tener libertad de realizar sus millonarios negocios”, situación que irritó a la Casa Blanca y al Capitolio y endureció sus acciones sancionadoras.
México no escapaba del riesgo de ser descertificado, lo que habría producido un caos económico y social.
Las sanciones eran y son severas: suspensión total de la ayuda del gobierno estadounidense para los años fiscales consecutivos; votación por parte del gobierno estadounidense en contra de cualquier préstamo al país sancionado por parte de los bancos multilaterales de desarrollo (por ejemplo, en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo o BIRD).
La ley preveía otras sanciones de carácter discrecional, sobre cuya aplicación el Presidente estaba facultado para decidir según el caso particular. Estas sanciones eran las siguientes:
Suspensión de cualquier tratamiento de tarifa preferencial para las exportaciones del país sancionado; incremento de hasta un 50% en los aranceles de los productos importados del país sancionado; suspensión de la transportación aérea entre Estados Unidos y el país sancionado; retiro de Estados Unidos de cualquier acuerdo aduanero que pudiera haber existido con el país sancionado.
Por esas medidas, los gobiernos que recibían certificación, cabildeaban permanentemente en el Capitolio y el Departamento de Justicia para demostrar que estaban cooperando y que en sus países se estaban tomando medidas a fin de reducir el trasiego y producción de estupefacientes.
MÉXICO, EN EL FILO DE LA NAVAJA
Los reportes oficiales del gobierno de Estados Unidos revelan que desde 1986 hasta el 2002, México fue certificado favorablemente por el Ejecutivo a pesar del expreso descontento en ciertos años por parte del Congreso.
En 1987, 1988, 1997, 1998 y 1999 se iniciaron resoluciones en la Cámara de Representantes, en el Senado o en ambas Cámaras con miras a revertir la certificación otorgada por el Ejecutivo a México. Sin embargo, ninguna resolución inicial se tradujo en una resolución conjunta que efectivamente descertificara al país (Wikipedia).
Cada tiempo en que se tenía que conocer la certificación, las economías de los países que la recibían, no solo de Latinoamérica sino de Asia, Medio Oriente y África, sufrían el alejamiento de la inversión extranjera directa, la instalación de empresas estadounidenses y europeas.
Los investigadores Rafael Fernández de Castro y Jorge I. Domínguez estiman que en 1985 explotó la relación de cooperación México-Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Consideran que los esfuerzos conjuntos se habían iniciado a partir de la Operación Cóndor en los años setenta, cuando México comenzó a aceptar asistencia técnica estadounidense en grandes cantidades para combatir el narcotráfico.
Asimismo, el gobierno mexicano aceptó oficializar la presencia en el país de agentes policiacos estadounidenses y en 1983 el presidente Miguel de la Madrid aumentó significativamente la participación militar en la batalla contra el narcotráfico.
Otros investigadores, Paolo Riguzzi y Patricia de los Ríos, sostienen que si bien la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986, que el proceso de certificación no hace referencia a países específicos, sí contiene cláusulas inspiradas por los acontecimientos relacionados con el narcotráfico en México. Por ejemplo, aquellas donde se pide, como condición para certificar a un país por razones de seguridad nacional, que éste “debe haber hecho esfuerzos de buena fe por investigar y perseguir delitos contra agentes de la DEA, cometidos con la complicidad del personal gubernamental desde el 1º de enero de 1985”. (El asesinato de Kike Camarena)
TRUMP BLANDE LA ESPADA DE DAMOCLES
Las relaciones con Estados Unidos nunca han sido miel sobre hojuelas. La vecindad inseparable, orilla a los países a buscar acuerdos lo mismo en política exterior que en la comercial y, por supuesto, en todo aquello que se relacione con la llamada “seguridad nacional”.
En el actual gobierno se presume la “buena relación” con la Casa Blanca y de dejan pasar todas las agresiones provenientes del presidente Trump, quien en plena campaña por la reelección utiliza todo el armamento que tiene a su disposición para disparar hacia el país que calla y otorga: México.
El pasado 15 de septiembre, justo horas antes de conmemorar el inicio la Independencia de México, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que se establece que el presidente Trump identificó a México como uno de los principales productores o de tránsito de drogas en el año fiscal 2021.
Junto con México fueron designados Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Paquistán, Panamá, Perú y Venezuela.
En el comunicado se aclara que la presencia de un país “en la lista no es necesariamente reflejo de los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o su nivel de cooperación con Estados Unidos”.
De acuerdo con la información publicada por la Casa Blanca, el presidente Trump al referirse a México, señala que en 2019 advirtió que “consideraría determinar que México fracasó en mantener sus compromisos internacionales en el control de drogas si no intensificaba sus esfuerzos para incrementar la erradicación de opio, interceptar drogas ilícitas antes de que cruzaran la frontera con Estados Unidos y desarrollar una estrategia amplia de control de drogas”.
Sin embargo, añade, este año México aprobó reformas para la incautación de activos, además de que aumentaron las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos. Al mismo tiempo, indicó, México hizo progresos sustanciales para completar su primer trabajo de campo sobre el opio en 17 años, y generó una estrategia antidroga.
Con todo y reconocimiento, Trump sacó la espada y la blandió: “falta más por hacer”. “México sigue siendo el origen de casi toda la heroína y metanfetaminas confiscadas en Estados Unidos y es ruta de tránsito de la mayor parte de la cocaína disponible en nuestro país”.
Y siguió con el reclamo: Los cárteles mexicanos “se aprovechan de los controles dispares que hay en México en materia de precursores químicos para producir sus drogas mortales, como el fentanilo”, en suelo mexicano, para luego traficarlos a Estados Unidos.
Y el colofón: La cantidad de drogas confiscadas en México sigue siendo muy baja frente a la grave amenaza que representan.
La respuesta presidencial fue “amor y paz”.
El presidente López respondió en su conferencia matutina del 17 de septiembre: “No hay nada que temer, además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos, entonces mejor esperar, falta un mes y medio, falta poco tiempo y no amerita la declaración ni ríspida ni enérgica”.
Y aunque descartó que México esté en riesgo de perder ayuda financiera para luchar contra el crimen organizado, mantuvo su optimismo.
Tenemos “una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”, y por ello recomendó la Secretaría de Relaciones Exteriores que responda “suave”, con “amor y paz”.
Agotó el tema con su reflexión: “Es un informe que se presenta cada año, por parte del Gobierno de Estados y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos, es un punto de vista que se respeta, es una opinión básicamente, y no vamos a confrontarnos”.
Al presidente no parece importante la certificación o descertificación que, a diferencia del pasado y con las reformas que realizó el Congreso de Estados Unidos en 2002, hoy la decisión corresponde a un solo hombre: el presidente en turno de la Unión Americana.
Y el señor Trump, en campaña, no se tienta el corazón para enarbolar que México nos envía “criminales, violadores y drogadictos”.
¿Sorprendería que México fuera descertificado?
