La madrugada de este lunes, una jueza de control vinculó a proceso al abogado Juan “N” por el delito de peculado por el desvío de recursos de 13.7 millones de pesos presuntamente desviados de las arcas de Chihuahua mediante la simulación de un contrato por servicios jurídicos que no se brindaron al gobierno estatal entre 2013 y 2014.
La jueza del fuero común María Guadalupe Hernández, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, dictó vinculación proceso en audiencia virtual que enlazó por videoconferencia los juzgados del Distrito Judicial Morelos en Chihuahua y el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde Juan “N” permanece preso por procesos penales que inició la Fiscalía General de la República.
De acuerdo a las investigaciones, por medio de un contrato simulado de servicios profesionales en materia jurídica, Juan “N” dio pie a que el exgobernador César Duarte y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari desviaran 13.7 millones de pesos del erario de Chihuahua.
Esta esquema, de acuerdo a lo informado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, formó parte del compromiso que César Duarte tuvo con el expresidente mexicano para que este impulsara su candidatura a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El mandatario chihuahuense manifestó que este modelo de desvío de recursos públicos a través de servicios jurídicos por parte del abogado preso en el reclusorio Norte, ya fue replicado en diferentes entidades del país, con las cuales han compartido información “por si quieren tomar cartas en el asunto”, aunque no específico el nombre de los estados.
En la audiencia, el juez dio de plazo cuatro meses para entregar la investigación complementaria que llevé a demostrar que Juan “N” desvío recursos del erario.
Es de recordar que apenas el sábado pasado por falta de elementos que sustenten la acusación, un juez de Control del reclusorio norte decidió no vincularlo a proceso por el delito defraudación fiscal equiparable a un monto de 36 millones de pesos.
En este caso, el juez Juan Carlos Ramírez Benítez determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para comprobar que el ex abogado de Enrique Peña Nieto evadió el pago de Impuesto sobre la Renta que buscaba imputarle el gobierno.
