Por Jesús Michel Narváez
Confundir el derecho a la información con la propaganda política no es una acertada ecuación.
Las mal llamadas mañaneras no son el vehículo para saber qué pasa en el país y por qué se toman las decisiones que en lugar de mejorar las condiciones de vida y de prosperidad, encuentran su nicho en la tragedia.
Entiendo que el presidente de la República defienda su proyecto de gobierno. Así ocurre con cada mandatario: cada cual tiene su propia visión de la realidad y pretende inventar al país para que los resultados les sean benéficos.
No siempre se logra el propósito. Dirían los politólogos que difícilmente se alcanzan las metas fijadas en una administración.
Con la actual, el presidente se solaza atacando al INE –la institución que le organizó las elecciones en las que salió victorioso- y señalándolo de quererle colocar un cubrebocas, lo que no hace porque los médicos, los especialistas, los epidemiólogos no se lo recomiendan. Y cuando alguien lo hace, reprocha el proceder y, como tigre de montaña, muestra los colmillos y expresa: me querían censurar.
Frente a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de permitirle seguir con sus conferencias matutinas aún en las entidades en donde habrá elecciones locales, se alegró sobremanera –no debe haber leído la sentencia- y clamó que los “diálogos circulares” –qué habrá querido decir- no interfieren en los procesos electorales, pues consideró que se trata de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información.
He ahí el meollo: la información.
Dudo que no se dé cuenta de cómo influye con sus engaños, mentiras y argucias sobre todos los temas del ámbito nacional y, si se permite el símil, internacional, del que habla con tanta seguridad que hasta parece saber lo que dice. En cuanto a su proyecto de gobierno, no deja duda de que aprovecha todos los espacios y sobre todo el de la mañana y el de sus mítines para reclamar su posición de Líder espiritual y recordar que su gobierno no es como el de antes. Agota los temas por sobre exhibirlos en foros disímbolos en los que no caben sus “profundas reflexiones” sustentadas en el evangelio.
El derecho a la información tendría, por ejemplo, si lo aceptara atendiendo las solicitudes para saber cuánto dinero y a dónde fue a parar, el recibido su hermano Pío. Y de dónde lo sacaba su excolaborador David León, a quien de plano le quitó el nombramiento para ser el zar de los fármacos (legales).
El derecho a la información debería tener como respuesta saber de qué vivió 12 años, por qué nunca pagó impuestos, cómo adquirió la casa de Tlalpan y la finca en Palenque, de dónde sacaron sus hijos el dinero para la elegante chocolatería y cómo obtuvieron recursos para sus principescos viajes.
El derecho a la información lo debe obligar a informar el número de víctimas por el Covid-19 y al mismo tiempo transparentar la compra de medicamentos.
El derecho a la información lo obliga a dar a conocer las licitaciones públicas y justificar por qué las adquisiciones se han hecho por adjudicación directa.
No señor presidente, sus conferencias de prensa no son para respetar el derecho a la información de los ciudadanos sino para manipular y hacer propaganda política de su proyecto de nación.
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