Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
En lo que deja ver la intención de acotar un eventual liderazgo de Hugo Alfredo Alonso Ortiz en caso de nuevas elecciones, desde la Dirección General de Administración de Personal del GCDMX se impulsaría un proyecto de reforma a los estatutos del sindicato de los trabajadores del gobierno de la ciudad que obligaría, a quien aspire al liderazgo, a renunciar al cargo que ostente para registrar su candidatura, y dejaría en el consejo de delegados el poder absoluto de la organización.
El consejo de delegados en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), se integra por tres representantes de cada una de las 40 secciones.
Alonso Ortiz ganó por una contundente mayoría las primeras elecciones democráticas realizadas el 7 de enero pasado en el sindicato más numeroso de laciudad. Una serie de irregularidades jurídicas han impedido el reconocimiento gubernamental de ese proceso, consecuencia, según esto, que la administración de la doctora Claudia Sheinbaum recela de la filiación política del triunfador.
En caso que la propuesta fuera aceptada -el grupo de Alonso Ortiz no la considera factible-, pudiera convocarse nuevamente a elecciones, las que se tiene la certeza que ningún otro candidato le ganaría.
El artículo 48 del proyecto de reforma estatutaria establece entre los requisitos para se candidato a presidente del comité ejecutivo general: solicitar «licencia al cargo que ostente al lanzamiento de la convocatoria si así lo fuere (sic)».
Alonso Ortiz es secretario general de la sección 1 “Limpia y transportes”, la más numerosa, con unos 16 mil 500 afiliados, en la que ha realizado un trabajo que le garantiza que nadie le pueda disputar el liderazgo.
Esa sección es fundamental al interior del SUTGCDMX. Sin su apoyo, no existe la posibilidad que una eventual reforma a los estatutos sindicales sea factible. El proyecto era, hasta el momento de escribir estas líneas, desconocido por la mayoría de los secretarios generales seccionales; un personero de la Dirección General de Administración de
Personal del gobierno citadino lo habría entregado a Alonso Ortiz.
Las 40 secciones sindicales están divididas en tres grupos: 15 asumen directrices de la Dirección General de Administración de Personal del Gobierno de la Ciudad de México, previa consulta con el ex dirigente sindical Juan Ayala Rivero; 10 son conocidos como “corchos” porque se dejan llevar por la mayoría; y 11 forman parte del grupo de Alonso Ortiz.
En el último grupo de las 11, además de la 1 “Limpia y transportes”, destacan la 6 “Parques y jardines” y la 12 “Servicios médicos” en la que Héctor Carreón pese a no ser el secretario general ejerce todavía un liderazgo indiscutible.
La ampliación de facultades al consejo general de delegados parece tener intención de trasladar el poder real de la organización ante un eventual triunfo de Alonso Ortiz en caso que su grupo validara la reforma. Con ese poderío esa figura sería una especie de Espada de Damocles en contra incluso de los secretarios generales seccionales.
En el caso del presidente del SUTGCDMX, se prohíbe la reelección, al establecer el artículo 45 que “durará cuatro años en su ejercicio por única ocasión, sin posibilidad de reelección o ampliación de su mandato”.
Los secretarios generales seccionales podrán aspirar sólo a una reelección, de acuerdo con la propuesta de nueva redacción del artículo 161 Bis.
El artículo 32 faculta al consejo de delegados a constituir un «Directorio Sindical», cuando falte presidente o comité ejecutivo general de manera total o parcial “por causa fortuita”.
De esa manera pretende legalizar la figura del «directorio sindical» que de manera irregular el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que preside el chiapaneco Plácido Humberto Morales Vázquez otorgó el reconocimiento gubernamental en marzo pasado y no validar el triunfo de Alonso Ortiz, pese a que la figura no existe para el caso del comité ejecutivo general de ese sindicato.
La fracción I del artículo 41 de las facultades del consejo general de delegados, plantea el proyecto, sería modificada drásticamente: “Resolver con estricto análisis y apegándose a estos estatutos, los asuntos que afecten y sean de interés del Sindicato; siendo de especial interés los que se encuentren relacionados a la administración de los bienes muebles e inmuebles, así como de los activos, pasivos y circulante que sean propiedad y patrimonio de esta Institución. Además de rendir ante la Asamblea, cuenta completa y detallada de la administración, incluyendo la situación de los ingresos que se generen por las cuotas sindicales y otros bienes, así como el destino final de los recursos. Para tal efecto, se levantará el acta correspondiente, conteniendo las firmas de los participantes, la cual deberá ser entregada, dentro de los diez días hábiles siguientes, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o autoridad homóloga, para su depósito y registro en el expediente sindical. Está obligación deberá llevarse a cabo por la Asamblea cada seis meses”.
En el artículo 91 se establece que en caso de liquidación, el presidente y secretario de patrimonio del comité ejecutivo general deberán cumplir con el pago de servicios, impuestos y derechos, y de no hacerlo “serán los responsables del daño patrimonial ante el propio sindicato, so pena de reparación del daño causado por el monto que este ascienda o sea acumulado, debiendo ser pagado con el propio patrimonio de los responsables”.
Los artículos 11 y 22 fracción IV sancionan a los agremiados y dirigentes que se confabulen con empleados de confianza y funcionarios de gobierno para atentar y dividir a la organización, e incluso en el segundo de esos dispositivos establece que no tendrá derecho a ser electo para “cualquier cargo” sindical quien incurra en esas acciones.
PARA LA AGENDA
A principios del año, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), en un desplegado periodístico calificó a Mauro Sánchez Méndez -jefe del jurídico del SENEAM- «extorsionador de sindicatos». En anteriores colaboraciones le hemos platicado que Sánchez Méndez goza de una pensión jubilatoria -de la que en su oportunidad no solicitó el pago correspondiente al reincorporarse a la actividad laboral- en el ISSSTE, gracias a que durante años el presidente de FSTSE, Joel Ayala Almeida le mantuvo una comisión sindical con goce de sueldo. Los últimos cuatro años uno de los hijos de Sánchez Méndez, de nombre Mauro Manuel Sánchez Méndez de la Fuente -número de empleado 335338- goza de comisión sindical en el ISSSTE -según esto dentro del numeroso grupo tramitado por Francisco García Culebro-. Resulta que Sánchez Méndez alienta a la enfermera María de Los Ángeles Ávila Ortiz para la integración de un sindicato antagonista al SNTISSSTE en el Hospital “Bicentenario” del ISSSTE de Tultitlán, en el Estado de México, junto con Antonio Sánchez Arriaga, uno de los enemigos sindicales del presidente de la FSTSE… Le hemos comentado que en el último año Noé Hernández, secretario general de la sección III “Clínicas de medicina familiar” ha prestado más atención en devolver algo así como un millón 250 mil pesos que un familiar cercano obtuvo mediante venta de plazas y que la llevó a tejer una red de cómplices. Ese familiar cercano es hija de su anterior matrimonio y ocupaba una plaza de base en una clínica de medicina familiar, lo que agrava los delitos que cometió y que quedarán impunes de no ser denunciada, pese a que incluso existe falsificación de documentos del ISSSTE… En el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, la coordinadora de enfermería, Damasa Francisca Barrón López, optó por proteger a la jefa de supervisoras, Teresa Ramírez, quien amenazó con que “se atengan a las consecuencias” a quien firme un escrito que circula en el que se dan a conocer incapacidad, falta de liderazgo y prepotencia y otras irregularidades en la velada “A”… Y en el Centro Médico Nacional circula una fotografía en redes sociales en la que los hijos de funcionarios, como Levi González Benítez, jefe de la División de Servicios Generales, y Patricia Pimentel Flores, coordinadora de Enlace Hospitalario, portan playeras que donó la firma Adidas para los trabajadores, lo que ha provocado un descontento que puede rebasar al director José Alfredo Merino Rajme…
