Al menos 22 mujeres y un hombre fueron detenidos en León, Guanajuato, durante una protesta feminista para exigir justicia en el caso de una joven, presunta víctima de agresión sexual
El pasado 14 de agosto, una joven identificada como Evelyn denunció haber sufrido agresiones sexuales en la Zona Centro de León, por parte de policías municipales.
La Secretaría de Seguridad Pública de León informó que abrió el expediente de queja 293/20-POL y que los elementos posiblemente implicados en el hecho fueron reasignados a labores no operativas, es decir, sin contacto con la ciudadanía.
Este sábado se llevó a cabo una protesta feminista para exigir justicia en el caso en la que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como mujeres y reporteras denunciaron agresiones físicas.
Videos difundidos en redes sociales muestran la detención con excesivo uso de fuerza y agresiones contra participantes de la marcha.
De inmediato, diversos colectivos denunciaron que tras la detención de sus compañeras desconocían su paradero, pues a horas de que agentes se las llevaran no habían sido presentadas ante ningún Ministerio Público.
La Policía Municipal de León detalló en un comunicado que las detenciones durante la protesta ocurrieron luego de que al menos mujeres policías fueran agredidas físicamente mientras resguardaban la caseta móvil ubicada en Plaza Expiatorio, la cual había sido vandalizada por las manifestantes momentos antes.
Agregó que los detenidos fueron trasladados al Juzgado Cívico Norte.
Respecto al caso, la senadora de la República por Guanajuato, Martha Lucía Mícher Camarena, condenó las detenciones y solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la emisión de medidas precautorias.
En redes sociales aseguró que contactó al secretario de Gobierno de Guanajuato, Luis Ayala, para que atienda con urgencia lo acontecido y se garanticen los derechos humanos de las manifestantes.
Este domingo, a más de 7 horas de las detenciones, la legisladora aseguró que no todas las personas detenidas fueron trasladadas a Cepol. Refrendó su rechazo a la criminalización de la protesta y que “se torture a alguien por manifestarse”.
Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) abrió un expediente de queja por los acontecimientos y recordó que la libre manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales que deben ser garantizados por las autoridades.
