Por Joel Armendáriz
Acogerse a la figura de “testigo colaborador” rinde frutos. Emilio “N” está en su residencia de Las Lomas y desde ahí firma electrónicamente su asistencia al Reclusorio Norte, en donde se le siguen dos procesos.
Decir que hablará y descorrerá el velo que cubre los nombres de los delincuentes de cuello blanco y observar cómo pasan los días y no se conoce ningún nombre ni se habla de carpetas de investigación de asociados a los delitos por los que se le procesa, tiene lo suyo.
El presidente López ha sido generoso con el detenido. Incluso dejando atrás la autonomía de la Fiscalía General de la República que, todo indica, se ha sometido a la política presidencial y deja que el caso pierda interés entre los ciudadanos que esperaban otro trato para el exdirector de Petróleos Mexicanos.
Se esperaba que desde el momento de su primera declaración ante el juez de la causa, Emilio “N” pusiera en la picota nombres de sus jefes, que por afirmaciones del imputado, lo orillaron a la toma de decisiones incorrectas.
Pero nada. No se ha sabido nada.
Durante más de año y 8 meses, la actual administración encabezada por el presidente López y ya con un fiscal autónomo en la persona de Alejandro Gertz Manero y Marcelo Ebrard demostrando que es un canciller activo en la solicitud de extradición que obtuvo con cierta celeridad, se habló de la corrupción representada por Emilio “N” y se le tachó de ser ejecutor de acciones que afectaron el patrimonio no solo de la petrolera sino de las finanzas nacionales. “Dinero del pueblo”, ha dicho el Jefe del Ejecutivo Federal.
Su reiterada posición de “cuidar al señor Lozoya” porque lo que dirá es más importante de lo que se piensa y anteponer la devolución de dinero –“AHMSA ha señalado que devolverá los 200 millones de dólares que se pagaron de sobreprecio en la compra de Agro Nitrogenados”- por encima de la aplicación de la justicia.
De acuerdo con los delitos que se le imputan al exfuncionario, la asociación delictuosa se encuentra tipificada en el artículo 164 el Código Penal Federal, reformado el 24 de enero de 2029 y establece a la letra: Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa.
“Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos.
Y se añadió el 164 Bis: Cuando se cometa algún delito por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión, hasta una mitad más de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos.
“Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito.
“Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policiaca, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes de las penas que le corresponda por el o los delitos cometidos y se le impondrá además, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro”.
La Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal en su inciso X del artículo primero, señala: Testigo Colaborador: Es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad.
Acogido a este término, el exdirector de Pemex parece haberla librado. Porque el silencio, cómplice sin duda alguna, mantenido hasta ahora sobre qué aporta y hacia dónde conducen las investigaciones, le dan el privilegio de estar en su casa y desde ahí, con el brazalete colocado -seguramente es de una marca con reconocimiento mundial en cuestión de joyería- y mantener en ascuas a quienes deseamos saber qué tanto sabe y qué tanto dice.
Aunque el presidente López sostiene pública y reiteradamente que en su gobierno no se utilizará la justicia con fines políticos, la detención de Rosario Robles, por delitos que no ameritan prisión preventiva y sin embargo se encuentra tras las rejas desde hace 11meses y 29 días, podría decir lo contrario.
Mientras al personaje acusado de comprar diputados y senadores para la aprobación de la “fracasada” Reforma Energética, aceptar sobornos de la brasileña Odebrecht que se utilizaron en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y adquirir la empresa Agro Nitrogenados con un sobreprecio de 200 millones de dólares, vive feliz y contento en Las Lomas, Robles Berlanga sigue en prisión por “dos delitos de ejercicio indebido del servicio público”, según calificó el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Y es que ella no se acogió a la figura de testigo colaborador. Ese fue su error. Por supuesto, los diferendos tenidos con el ahora Presidente de la República durante su pasó por la dirigencia del PRD y más tarde en la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Cabe preguntar y sin ánimo de afilar navajas: ¿cuándo se sabrá algo de los delincuentes de cuello blanco que corrompieron a los incorruptos legisladores federales?
Y saber, por supuesto, si Altos Hornos de México regresa, como ha dicho el presidente López, los 200 millones de dólares de sobreprecio y tener la certeza de que los dineros de Odebrecht fueron a la campaña presidencial como en su momento lo denunció Santiago Nieto Castillo, como titular de la Subprocuraduría Para Delitos Electorales.
Muchos cabos sueltos y pocas ganas de atarlos.
