Es necesario comenzar un andamiaje con todas las organizaciones de campesinas e indígenas, sindicales y de la sociedad civil para crear una fuerza unitaria para rescatar la actividad económica, señalaron. Foto ‘La Jornada / Archivo
Los dirigentes de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), Luis Gómez Garay; del Congreso Agrario Permanente (CAP), Mariana González Torres, y de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) Isidro Pedraza Chávez, señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su negativa a dialogar con los liderazgos de organizaciones campesinas a pesar de los conflictos agrarios latentes, baja producción de alimentos, aumento en importaciones de granos y oleaginosas “así como la existencia de un T-MEC que pone a los agricultores en desventaja”.
Además, coincidieron en que a 21 meses de gobierno del presidente López Obrador, las secretarías de Estado e instituciones relacionadas al campo, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal “han sido desmantelados con la ‘política de austeridad’ y asfixian a los habitantes de 32 mil ejidos en el país pues no tienen solución sus conflictos agrarios, carecen de programas de apoyo productivo o financiamiento a bajas tasas de interés”.
En un comunicado, se pronunciaron por iniciar el dialogo con los actores sociales y políticos del campo; armar una agenda que aborde la pandemia de Covid-19 y la crisis económica, social y política que priva en la nación.
Además, estimaron necesario comenzar el andamiaje con todas las organizaciones de campesinas e indígenas, sindicales y de la sociedad civil para crear una fuerza unitaria para rescatar la actividad economía, recuperar la salud y garantizar las libertades en el país rumbo al 2021.
Todo ello, señaló González Torres, debido a que desde el inicio del sexenio las organizaciones campesinas han sido marginadas del diálogo en el marco de una exclusión en la gestión para imponer intermediarios institucionales mejor conocidos como “servidores de la nación o instituciones bancarías que se benefician con el cobro de comisiones en las operaciones que realizan para campesinos e indígenas”.
Por lo anterior, los dirigentes campesinos llamaron al Congreso de la Unión a fortalecer a los campesinos mediante la reorientación del presupuesto y programas estratégicos que no sean una imposición para las comunidades, un despojo o un daño al medio ambiente.
Pedraza Chávez expuso que se debe terminar con un quinto año de reducción presupuestal para el medio rural “así como con los programas asistenciales que sólo impulsan el populismo y clientelismo al carecer de reglas de operación; al cancelar el financiamiento a programas de mujeres; retira el apoyo de las tarifas eléctricas para el riego agrícola, diésel agropecuario y pesca”.
Gómez Garay consideró que “el gobierno de la 4T despojó de sus funciones a la Sedatu para atender los asuntos agrarios de una forma inconcebible ya que allí se observaba la evolución de más de la mitad del territorio mientras que la Sader está en el abandono, la inacción y la ineficiencia para promover el desarrollo productivo del campo”.
