*Impunidad y Corrupción en Gobiernos Chihuahuenses
*Demandas Penales Contra Políticos en Cuatro Décadas
*Uso: Agarrar al Gobernador de Salva sea la Parte
*Un Tácito Acuerdo con el Gobierno de Felipe Calderón
*Un Asesinato y un Cura Ebrio que no dio los Santos Óleos
*García Luna y los Policías Enviados a Chihuahua
Por Rafael Navarro Barrón
La respuesta se escribe sola: ¿cuál hubiera sido el destino de César Duarte de haber ganado el candidato del PRI y no Javier Corral? Ese lastre maldito de los mexicanos es el que ahora nos trae de cabeza a todos.
Duarte Jáquez ejercería la política del pavorreal, riéndose de Javier Corral y Jaime García Chávez, como se han reído de una gran cantidad de activistas sociales, políticos y abogados, varios ex gobernantes estatales y municipales del Estado de Chihuahua que han gozado de impunidad gracias a su cercanía con el poder.
En casi cuatro décadas, se recuerdan las acciones ilegales de los priistas Rodolfo Torres Medina, Gustavo Ramos Becerra y Marco Quezada, así como el panista Juan Blanco, quienes se enfrentaron a demandas penales por distintos delitos y de éstos sólo Marco Adán Quezada no pisó la cárcel.
Y en Ciudad Juárez, a pesar de la suciedad en la que han operado sus alcaldes, donde el saqueo es evidente, ni uno solo ha pisado la cárcel. La impunidad ha sido evidente en una serie de maquinaciones de orden político.
En Ciudad Juárez hay una ley explicada por los propios políticos: “Si quieres impunidad, agarra al gobernador en turno de los huevos, sacúdelo, dale lo que más le gusta (poder, dinero y aberraciones) y quedará a tu servicio”.
En el caso de la capital del Estado, la situación es distinta. Iniciando por Rodolfo Torres Medina, quien fue alcalde de la ciudad del 10 de octubre de 1989 al 9 de octubre de 1992, fue encarcelado por el delito de peculado; fue un caso doloroso pues había sido rector de la Uacj y delegado del Infonavit y tenía muy buena imagen pública.
Gustavo Ramos Becerra, alcalde priista de Chihuahua del 10 de octubre de 1995 a 9 de octubre de 1998, fue sentenciado en junio del año 2002 a 6 años y 10 meses de prisión. Además, un juez ordenó el decomiso de cinco residencias construidas en un club de golf durante su gestión como alcalde.
Juan Blanco Zaldívar, quien fue alcalde de la ciudad del 10 de octubre de 2004 al 9 de octubre de 2007, fue detenido el 30 de mayo del 2009 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, por el delito de cohecho luego de que permaneció amparado por la justicia federal varios meses.
El cuarto exalcalde de la capital en enfrentarse a un proceso penal fue Marco Adán Quezada, quien fungió como alcalde del 10 de octubre de 2010 a 9 de octubre de 2013.
En el año 2015, Marco Adán Quezada se enfrentó una demanda penal por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la acusación fue por los delitos de homicidio, lesiones e indebida prestación del servicio público, además de la protección y seguridad de las personas por el caso del extremo Aero Show donde siete personas murieron y cerca de 100 sufrieron diversas lesiones. Sin embargo, Marco Adán Quezada nunca estuvo recluido en la cárcel.
El último fue, Javier Garfio Pacheco cuyo periodo como alcalde comprendió del 10 de octubre de 2013 al 9 de octubre de 2016 con una licencia del 3 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2016 fue recluido el pasado 27 de marzo del 2019 en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán. El delito del que se le acusa es peculado, por haber autorizado la venta de terrenos municipales a un precio mucho más bajo del costo real, durante su función como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, durante la administración estatal del ex gobernador César Duarte Jáquez.
Innumerables grupos ciudadanos y partidos políticos han promovido, en diversos tiempos, denuncias muy bien fundamentadas en contra de los gobernantes. Nadie se salva a esta escalada de querellas que tienen como lugar común el cajón del ‘sueño de los justos’, de donde no saldrán y estarán en calidad de ‘archivadas’, por improcedentes.
Un dato que debió alertar a los priistas es el destape de César Duarte. Esa especial unción se había cocinado desde la cúpula del poder federal. Ahora se sabe que Felipe Calderón, con quien el chihuahuense había hecho buena química en su paso como presidente de la Cámara de Diputados, lanzó el mensaje claro y cierto hacia el PRI nacional.
El mensaje calderonista, ahora platicado a distancia, refería que “todos, menos Héctor Murguía, ‘El Teto’, para la gubernatura”, porque “lo vamos a hacer garras con la información que tenemos”.
Para estas alturas, refieren las fuentes, había un acuerdo tácito entre el gobierno de Felipe Calderón-Genaro García Luna, con el propio César Duarte. ¿Cuál fue el acuerdo?, seguramente es otro de los tantos misterios que rondan en la cabeza del ex gobernador del Estado.
En el tiempo de aquel destape, antecedía una guerra entre el entonces alcalde Héctor Murguía Lardizábal y las fuerzas federales que operaban en Ciudad Juárez. Durante su presencia, subieron los robos, los asaltos, las extorsiones, las desapariciones. La sucia policía de Calderón fue repudiada por los juarenses pues todo mundo se enteró que eran los causantes de estos delitos.
Esa llamada Policía Federal estaba a cargo del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna con quien el edil priista llegó a tener un enfrentamiento verbal en una de las tantas reuniones que se tuvieron para frenar la violencia en Ciudad Juárez.
El alcalde Murguía se sentía indignado y enojado por el asesinato de su escolta a manos de un agente federal. “Acabo de ver al hombre tirado, asesinado arteramente por un policía federal”, dijo el edil juarense ante los medios de comunicación minutos después que se registrara este hecho sangriento, el 25 de enero del 2011.
“Teto” Murguía cenaba con el sacerdote católico, Hesiquio Trevizo, un cura aficionado a la buena plática, filósofo, conocedor de política y de buenos vinos. Es quizá el hombre más cercano a los políticos priistas y quien ha servido de mediador con los gobiernos en turno para bajar recursos económicos a favor de la iglesia católica.
Afuera de la casa del sacerdote, el escolta Humberto Muñoz Pérez había sido asesinado y el cura no pudo ejercer su ministerio de lo ebrio que estaba, “ni siquiera los santos óleos le dio”, refiere a distancia un testigo de los hechos que estaba en la guardia al servicio del alcalde.
Luego, otro incidente se dio en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Juárez. Otra vez el enfrentamiento, los amagos, el intercambio de malas palabras y de charolas. Otra vez el alcalde Murguía se quejaba de los federales que habían apuntado con sus armas a su grupo de escoltas.
Para ese entonces, el brazo fuerte del gobierno de Calderón, el ahora preso Genaro García Luna, había mandado a su equipo de inteligencia a investigar a “Teto” Murguía. El dossier era basto y significativo y estaba en el escritorio de Calderón Hinojosa.
Por eso, cuando “Teto” Murguía preguntó por qué no sería el candidato a la gubernatura, Graciela Ortiz, entonces alta directiva del PRI, le dijo al aspirante que el presidente Calderón había amagado a los priistas con una acción (nunca dijo de qué tipo) contra el alcalde juarense.
