La Suprema Corte de Estados Unidos decidió este jueves mantener en pie el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes indocumentados, conocidos como dreamers.
En una decisión ajustada, por 5 votos a favor y 4 en contra, el Tribunal Supremo tachó de ilegal la decisión del presidente Donald Trump, de poner fin al programa que desde hace ocho años ha beneficiado a muchos indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.
“La decisión del DHS (siglas del Departamento de Seguridad Nacional) de acabar con DACA fue arbitraria y caprichosa”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, de tendencia conservadora, en un argumento al que se sumaron los cuatro jueces progresistas de la corte.
La corte no entró a valorar la legalidad de DACA, sino que rechazó “el procedimiento” que usó el gobierno de Trump a la hora de tumbar el programa, y dejó claro que la Casa Blanca puede intentar interrumpirlo de nuevo si quiere, pero es probable que le resulte complicado hacerlo antes de las elecciones de noviembre.
La decisión supone una enorme victoria y un alivio para los centenares de miles de “dreamers”, que esperaban con nerviosismo un veredicto del que dependen sus proyectos de vida, que han quedado en limbo desde que Trump anunció la interrupción del programa hace casi tres años.
Muchos de esos jóvenes eran pesimistas sobre la decisión de la Suprema Corte, debido a que la mayoría conservadora de la corte incluye a dos jueces nominados por Trump, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch.
Ambos se opusieron este jueves a la decisión de la mayoría de los jueces de mantener en pie el programa y alegaron, en un argumento firmado por el magistrado conservador Clarence Thomas, que la decisión de sus colegas es “un intento de evitar una decisión (de Trump) políticamente controvertida, pero legalmente correcta”.
Aunque Trump anunció la interrupción del programa DACA en 2017, los fallos de jueces federales le obligaron a seguir renovando los permisos de aquellos jóvenes indocumentados que ya eran beneficiarios del programa en esa fecha, y que bajo la medida, debían actualizar sus documentos cada dos años.
En enero, eran unos 650 mil los “dreamers” que llegaron a Estados Unidos antes de 2007, en su mayoría de la mano de sus padres, los que aún mantenían ese permiso que les permite vivir fuera de las sombras, al contrario que el resto de los 11 millones de indocumentados que se calcula residen en EE.UU.
