Ciudad de México, 14 de junio de 2020.
Gracias por acompañarme en esta transmisión.
Amigas y amigos, el pasado martes 9 de junio, solicité enlistar en la gaceta de la Comisión Permanente, una iniciativa de modificación constitucional a los artículos 27 y 28, la cual considero de suma importancia para la vida pública del país.
Esta iniciativa, plantea fusionar tres instituciones autónomas: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía, con el propósito de promover y preservar la competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio obviamente de los consumidores y de los usuarios.
Esta iniciativa tiene el mérito de poner en la agenda nacional un tema soterrado, que ha favorecido privilegios por la falta de competencia en México y cuyas víctimas somos todos los consumidores.
Estudios de destacados economistas, indican que la concentración de mercado es causa de sobreprecios.
Debemos señalar con tal claridad que nos pueda asistir, que la ausencia de competencia merma la economía familiar y limita oportunidades de desarrollo a la micro, pero también a la pequeña empresa, que en suma apuesta a la desigualdad.
Esta es una iniciativa que abre el diálogo a la verdadera competencia, a la cual nadie puede estar alejada.
Estamos hablando de los tres sectores fundamentales para el desarrollo nacional: el energético, el de telecomunicaciones y el de la radiodifusión, para los que debemos encontrar medidas que garanticen su correcta regulación y fomenten lo que nos interesa, la competencia económica.
Nuestro sistema jurídico necesita evolucionar, cubrir los espacios que son aprovechados por quienes buscan intereses propios y no los del país, es preciso garantizar mercados competentes y servicios de calidad, en beneficio de los consumidores, de los usuarios, de las audiencias, y no solamente conducirse con la lógica de generar mayores ganancias privadas.
No es una novedad que en México, a raíz de las privatizaciones llevadas a cabo en la década de los 90 del siglo pasado, se generaron prácticas desleales que distorsionaron nuestro mercado, en prejuicio de la sociedad y de los consumidores.
Así fue como algunos de los bienes o servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de energía, que son considerados productos indispensables para no sólo los hogares sino para las empresas, llegaron a convertirse en monopolios que impiden o impidieron que el número de ofertantes creciera y que mantuvieran los precios por encima de sus niveles reales, perjudicando a todas y a todos los que vivimos en este país.
Este tipo de prácticas, junto con conductas que se alejaron de la legalidad, exige que se lleven a cabo cambios necesarios para blindar a las instituciones del Estado Mexicano.
A lo largo de esta semana he escuchado a analistas, especialistas, a periodistas, a grupos sociales, a personalidades; también a personas del sector público y grupos económicos, quienes, en un intercambio respetuoso e inteligente de opiniones y de buena fe, me han solicitado tiempo parta el análisis y la deliberación abierta, ya que se trata de una iniciativa de reforma constitucional trascendente.
Toda mi vida pública me he conducido con independencia y con autonomía en mis decisiones y pertenezco a un movimiento social del que me siento orgulloso, porque coincido con los ideales y los principios que sostiene.
Sé escuchar, intento actuar siempre con sensibilidad y busco la oportunidad, el mejor momento para que lo que hagamos repercuta en beneficio de la sociedad. También he escuchado críticas alejadas de la realidad, que entiendo y que comprendo que son producto de la polarización que vivimos.
Por ello es importante aclarar que no hay intención de crear un superpoder ni dar paso al autoritarismo o a la concentración de funciones de estas instituciones en el Ejecutivo, mucho menos eliminar su carácter de autonomía constitucional.
Por eso quiero dar a conocer mi decisión respecto al trámite de esta iniciativa, la cual se encuentra enlistada en la Gaceta de la Comisión permanente, pendiente de su turno y del inicio del proceso legislativo.
He decidido posponer la presentación e iniciar un proceso abierto de discusión, de enriquecimiento y de valorización de la misma.
Estoy consciente del momento histórico en el que nos ha situado la pandemia. Nos obliga a centrar nuestra atención en los problemas derivados de esta crisis sanitaria y a prepararnos para la inminente puesta en marcha del T-MEC.
Por una parte, seguir observando las indicaciones sanitarias y, por la otra, implementar, instrumentar todo el comercio internacional, para la recuperación económica y la fortaleza del mercado interno.
Reitero: como autor de la iniciativa, libre de toda presión y con plena libertad de actuación, solicitaré que se posponga la presentación de la misma, para que podamos construir una solución cimentada en el consenso y en los acuerdos; no en el enfrentamiento, no en la imposición.
Nunca es bueno apostar por la polarización ni por la confrontación. A todas y a todos nos conviene buscar caminos de entendimiento racional y senderos comunes de desarrollo, escuchar y reconducir no desmerece a nadie.
Gracias por los comentarios y opiniones que me hicieron llegar. Esta es mi página en donde podrás consultarla íntegra y podamos enriquecerla.