La oficina de derechos humanos de la ONU lamentó el impacto que las sanciones autorizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían tener sobre juicios e investigaciones en marcha en la Corte Penal Internacional (CPI), afirmando que su independencia debe ser protegida.
El presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó este jueves sanciones económicas, así como ampliar las restricciones de visados contra funcionarios de la CPI dedicados a investigar a tropas estadounidenses, en un nueva señal de rechazo al tribunal internacional.
«Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar con nuestra soberanía nacional», señaló la Casa Blanca en un comunicado.
Como consecuencia, agregó la nota, «el Presidente ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte directamente implicados en un esfuerzo para investigar personal de EU sin el consentimiento de Estados Unidos».
Entre estas medidas figuran el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
Asimismo, señaló tener «fuertes razones para creer que hay corrupción y mala conducta a los más altos niveles de la Oficina del Fiscal (cargo ocupado por la fiscal Fatou Bensouda).
«Pese a los repetidos llamados de EU y sus aliados para su reforma, la Corte no ha tomado acción alguna para su reforma y ha continuado persiguiendo investigaciones motivadas políticamente contra nosotros y nuestros aliados, incluido Israel».
En su discurso ante la ONU en 2018, el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó la «legitimidad y autoridad» de la corte, por considerar que se extralimita en sus decisiones y vulnera la soberanía del país.
Estados Unidos nunca ha sido miembro de la CPI, con sede en La Haya (Holanda) y fundada en 1998.
