Alonso Ancira, el presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) y con una fortuna valuada en más de 800 millones de euros (alrededor de 20 mil millones de pesos), será extraditado de forma inminente para que rinda cuentas ante la justicia mexicana por un cúmulo de presuntas corruptelas perpetradas durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Ancira, de 64 años, fue detenido hace un año en Palma de Mallorca, adonde llegó después de huir de México en su avión privado y cuando se disponía a dar un paseo con su yate de 40 metros de eslora, que ya había trasladado a la capital balear para su disfrute mientras evadía a la justicia mexicana.
Una fuente de la judicatura española confirmó a La Jornada que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que instruye el caso de Ancira resolvió rechazar el recurso presentado por la defensa del empresario, con lo que se autorizó la petición de extradición solicitada por el Estado mexicano a través de la Fiscalía General de la República.
Esto supone que se inicia el proceso final del proceso de extradición, que todavía tendrá que pasar por varios trámites judiciales y burocráticos, entre ellos el de la posibilidad de presentar un nuevo recurso de amparo y la autorización final por parte del consejo de ministros del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez.
El proceso de extradición de Ancira había estado paralizado porque a raíz de la pandemia de Covid-19 prácticamente todas las actuaciones judiciales, salvo las muy urgentes e imprescindibles, se pospusieron, pero una vez que la justicia volvió a recuperar su actividad, una de las primeras resoluciones de calado del tribunal español fue precisamente la adoptada en el caso Ancira.
La decisión de la sala supone un revés judicial para los intereses del empresario mexicano y una victoria para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fijó como una prioridad el deslinde de responsabilidades en el caudal de corrupción que supuestamente había en anteriores mandatos.
El empresario huyó de México tras la orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de congelar las cuentas bancarias de la compañía metalúrgica por un caso grave de corrupción en 2014, en la que intervino el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, hoy también detenido en España después de ser localizado en Marbella en febrero pasado tras haber permanecido prófugo de la justicia desde mayo de 2019. Actualmente su petición de extradición también está firme y se encuentra a la espera de que la resuelva la justicia.
Ancira logró la libertad bajo fianza después de pagar una fianza de un millón de euros, que el empresario –uno de los hombres más ricos de México– pagó de inmediato. Desde entonces sólo ha estado sometido a las medidas cautelares de comparecer ante una comisaría cada cierto tiempo, la retirada del pasaporte y la prohibición expresa de salir del país. No se descarta que en los próximos días se dicte una orden para que sea encarcelado hasta que se formalice su extradición, como ha ocurrido en casos similares.
Una de las principales causas contra Ancira es la compra la empresa Agronitrogenados por parte de Pemex, cuando era presidida por Lozoya, con un sobrecosto abrumador para el erario, y además de ser una empresa que estaba sin funcionar desde hace casi 20 años y sin un futuro cierto de viabilidad.
Según la Auditoría Superior de la Federación –que publicó un informe al respecto en enero de 2019–, se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; la adquisición también careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento.
Además, durante el proceso de adquisición se incumplieron con los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados y se rebasaron los costos en un 127 por ciento, al pasar de 195 millones de dólares a 443 millones.
También se investiga una presunta operación fraudulenta de Ancira para fraccionar el pago de 3,4 millones de euros (3.86 millones de dólares) por parte de Ahmsa, que desembocó supuestamente en la compra de una vivienda del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y que podría ser constitutiva de un delito de blanqueo de capitales.
Ancira, conocido como el Rey del acero y con doble nacionalidad, mexicana y estadunidense, está ahora analizando su delicada situación judicial, en la que sólo puede, para prolongar la agonía del proceso, interponer un recurso de amparo ante la misma sala que consideró que había pruebas e indicios suficientes para autorizar su extradición a México.
