Por Miguel Tirado Rasso
En el México de la esperanza, todavía se respira, aunque los desbordamientos de ¿ocurrencias? un día sí y otro también, causen sobresaltos y, por momentos, nos dejen sin aliento.
En plena pandemia, y como si con ésta no fuera suficiente para tenernos preocupados y mantenernos ocupados en su prevención, la artillería Morena lanza obuses para acabar con el pasado y pesado neoliberalismo que dejó a nuestro país, literalmente, en el despeñadero, según se nos señala con insistencia. Que no quede huella, parece ser la consigna y, esto, ha dado rienda suelta a iniciativas de encumbrados morenistas, con propuestas de toda índole, para quedar bien con su jefe, en una interpretación pragmática de aquello de “como anillo al dedo”.
Ejemplos. La propuesta del diputado Edelmiro Santos para que los fondos de retiro de los trabajadores, que ascienden a mas de 4 billones de pesos, pasen de las Afores a ser manejados por el Banco de Bienestar, cuando su predecesor, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, quebró la que operaba, Afore de la Gente, hace 12 años. El fuego que encendió esta iniciativa lo apagó, casi de inmediato, el coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, con el argumento de que no era una prioridad para su grupo parlamentario. Sin embargo, semejante bolsa de recursos, en época de vacas flacas, constituye un atractivo muy tentador, por lo que no creemos que vayan a desistir de su intento, lamentablemente.
La iniciativa del presidente interino del partido Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que el INEGI revise el patrimonio de los mexicanos y tenga acceso a la información financiera de los ciudadanos para medir la concentración de riqueza del país. Una polémica e inquietante propuesta, que convertiría al Estado mexicano en un Estado policial, como la calificaron destacados constitucionalistas y que, el mismísimo líder parlamentario de su partido en el Senado, Ricardo Monreal, habría de atajar, señalando que el INEGI no podría actuar como un órgano fiscalizador, además de precisar que esa iniciativa no estaba en la agenda de los senadores ni tenía el consenso al interior de su partido.
La propuesta de la diputada y vice presidente de la Cámara Baja, Dolores Padierna, para extinguir 44 fideicomisos públicos que dejarían sin recursos a 26 centros de investigación, a becarios, a defensores de derechos humanos y periodistas amenazados, entre otros, bajo el argumento de que su eliminación significaría un “ahorro” de 91 mmp. que se destinarían para enfrentar el impacto económico derivado de la pandemia.
Sólo la protesta de la comunidad cinematográfica, ante la amenaza de cancelación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), hizo entrar en razón al coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, quien ofreció que el Fidecine permanecería. Y es que, la tormenta amenazaba trascender nuestras fronteras, por las características de quienes levantaron la voz en rechazo a esta medida.
Para calmar ánimos, el diputado Delgado ofreció realizar Parlamentos Abiertos para analizar el funcionamiento de los fideicomisos sentenciados, lo que significaría una buena noticia. La mala, sin embargo, es que no todos los fondos cuentan con defensores de talla internacional, por lo que su supervivencia no está garantizada. Y es que, la escasez de capital es cruel y mala consejera y la 4T anda en caza de recursos.
También a nivel estatal hay ejemplos. Iniciativas cuya competencia local no significa que la intención original quede circunscrita a los límites de la entidad, sino que sirven como globos sonda para medir reacciones ciudadanas y sus alcances en un ámbito mayor. Por supuesto, en el campo de la mera especulación, podríamos señalar el fallido intento del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de alargar su período de gobierno de dos a cinco años, iniciativa que no resultó, por resolución de la Suprema Corte, que la declaró inconstitucional. Pero, la inaudita intentona, sin precedentes en nuestro México post revolucionario, queda ahí, para registro de la historia.
La reforma educativa promovida por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aprobada “al vapor”, sólo 4 días después de haber sido enviada al congreso local, es otro ejemplo. La, ahora ley vigente, establece, en su parte más polémica, que “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares…así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal.”
Una bomba, que ha provocado reacciones de rechazo de dirigentes de los partidos de oposición, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, rectores de universidades privadas y padres de familia, argumentando que la ley atenta contra el derecho de los particulares a ofrecer el servicio educativo, vulnera el derecho a la certeza y a la seguridad jurídicas, ataca la propiedad privada y refleja ambiciones intervencionistas y totalitarias de los gobiernos de Morena, por lo que, han dicho, la enfrentarán por la vía judicial.
El gobernador Barbosa defiende su ley, muy al estilo Morena, descalificado al mensajero, en este caso al periódico El Heraldo de México, acusándolo de “estar al servicio de los intereses privados del autodenominado y pomposo consorcio universitario de Puebla” y, a éste, le hace un llamado para que mire por la educación y no por sus intereses económicos porque “… las cosas en Puebla ya cambiaron no volverán a ser como antes, cuando recibían canonjías de los gobiernos”.
El control de los congresos federal y locales, le ha permitido a Morena convertir en leyes muchas iniciativas no muy afortunadas para el país, aunque sí para el proyecto de la 4T. Las más polémicas han transitado sin mayor discusión, sin oportunidad a escuchar puntos de vista ni opiniones diferentes para un mejor análisis de las propuestas en un ejercicio democrático. Son los inconvenientes del carro completo que creíamos ya superado.
Menos mal, que aún queda el recurso de la Suprema Corte, como instancia de defensa, ante la incontinencia Morena.
Mayo 28 de 2020
