*No Prosperó la Rendija Abierta en el Congreso Estatal
*¿Acción de Venganza Contra Kiko Vega, el Cateo a su Casa?
*Denuncias y Posteriores Arrepentimientos de Doña Olga
*Una Traición Clara a la Medalla de oro del PAN en el País
*La Diatriba en Contra del Actual Consentido López-Gatell
Por Jesús Michel Narváez
Para Jaime Bonilla Valdez el 11 de mayo de 2020 representa el derrumbe de su proyecto político y el fracaso del experimento en el que un Congreso Local reforma la Constitución estatal para ampliar el periodo gubernamental que, de haberse concretado, habría sentado el precedente de que el Poder Legislativo Federal o Local estaría facultado para mediante votación calificada violentar la voluntad ciudadana, lo que representa “un fraude a la Constitución”.
Alfonso Rafael Leyva Pérez, coordinador de la campaña del candidato y Amador Rodríguez Lozano, asesor político, construyeron el andamiaje jurídico que abrió la rendija para que la XXII Legislatura de Baja California presidida por el, congresista del PRI Edgar Benjamín Gómez Macías convocara a “sesión urgente” a fin de atender la iniciativa del morenista Víctor Morán Hernández para modificar el Octavo Transitorio Constitucional para ampliar el periodo gubernamental de Bonilla de 2 a 5 años.
La decisión de recurrir al Congreso del Estado surgió después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimara la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral Estatal presidido por la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo y ordenara respetar la reforma constitucional aprobada el 10 de julio de 2014 y cuyo contenido centraba en la necesidad de empatar la elección de gobernador con los comicios federales de 2021, por lo cual al término del sexenio de Francisco “Kiko” Vega de la Madrid, se elegiría un mandatario por un periodo de 2 años.
UNA HISTORIA DE TRUCULENCIAS
Cuando el Tribunal Electoral Estatal publicó la convocatoria la efervescencia estaba por todo lo alto. Acción Nacional gobernaba desde 1989 y el mandatario en turno Kiko de la Vega estaba contra la pared por el cúmulo de presuntas acciones ilegales cometidas durante su régimen.
Solamente Morena le competía. El PRI estaba fuera de la jugada. Y el PAN, con su candidato Óscar Vega Marín no prendía. Al término de la jornada electoral, obtuvo un “honorable” segundo lugar.
El triunfo de Bonilla se consiguió por el arrastre del ya presidente López Obrador con quien mantiene –mantenía- una cercana amistad forjada por el deporte preferido del tabasqueño: el beisbol. Fungió como director general de Los Potros de Tijuana de 1982 a 1985, y fue dueño del club de 1987 a 1988, año en el cual el equipo consiguió el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico.
Senador por Morena para las LXIV y LXV Legislaturas, Bonilla fue designado súper delegado del Gobierno federal, nombramiento firmado directamente por el presidente de la República. Desde esa posición construyó sus enlaces políticos. Porque salvo por su paso en la Cámara de Diputados de 2012 a 2015 y su participación como director del Distrito de Agua de Otay, en Chula Vista, California de 2001 a 2012 –renunció a la ciudadanía estadounidense para ser legislador federal en México por Convergencia-, su mundo había sido el de los negocios y no el de la política.
Adinerado por su habilidad como administrador, se posicionó como líder industrial maquilador en la ciudad de Tijuana, cargo que le permitió ser presidente de la inmobiliaria de fomento industrial IIFISA de 1980 a 2012, y de la constructora de edificaciones Conesa de 1980 a 1983.
Después le entró el gusto por los medios de comunicación y no como reportero ni articulista, sino como director general del Diario Baja California; fundó Pacific Spanish Network, que más tarde se convertiría en PSN Primer Sistema de Noticias, un corporativo periodístico que incluye cinco estaciones de radio, un canal de televisión y una plataforma web.
En sus planes no estaba ser gobernador. El mundo en el que vivía sería el infierno para la 4t. Pero el beisbol hace milagros.
Cercano a López Obrador, el hoy mini gobernador –siguió los pasos de Miguel Ángel Yunes en Veracruz-, supo aprovechar sus conocimientos de la maestría en Administración Pública cursada en San Diego National University y decidió que sería el próximo gobernador de Baja California.
Así, acercó a su lado a quienes contaban con experiencia en política y desde la campaña de López Obrador abrazó la idea de despachar en Mexicali, en el Palacio de Gobierno. Su sueño se cumplió. Pero el agreste camino le impedía “tener tiempo” para resolver los problemas causados, según sus palabras, por 30 años de malos gobiernos que saquearon el erario estatal –acusación formulada en su primer discurso como gobernador- y, sin embargo, lo pavimentó con la “ayuda” de 14 de los 15 diputados del PAN, 4 del PRI, 2 de Morena y 1 del PRD. La cifra mágica: 21 -de los 25 legisladores- para reformar la Constitución y bastaron 3 de los 5 municipios para declarar válida la modificación: Rosarito, Ensenada y Tecate. Los cabildos de Tijuana y Mexicali se negaron a dar el visto bueno.
Las sesiones de los Cabildos deben ser públicas y con presencia de los medios de comunicación como mandata la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California. Sin embargo, ante las protestas de grupos políticos y empresariales, se realizaron a puerta cerrada en sitios ajenos a las presidencias municipales. Fueron de noche. A espaldas de los ciudadanos, lo que motivo suspicacias e incluso el priista Edgar Benjamín Gómez Macías denunció a el administrador de la Aduana de Mexicali, Alejandro Miramontes Armenta, de haberle ofrecido un millón de dólares por convocar a las sesiones “urgentes” para modificar el Octavo Transitorio.
COMO CHIVO EN CRISTALERÍA
Durante sus primeros 6 meses de mandato, Bonilla en plena crisis sanitaria, se metió con los intereses de la cervecera Constellation Brands y la clausuró, con lo cual las acciones de la empresa cayeron 11.74 por ciento. De acuerdo con las informaciones, se habían invertido mil 400 millones de dólares.
El presidente López Obrador avaló la decisión del mandatario y pocos días después se reunió con los directivos de la cervecera y anunció haber llegado a un arreglo, aunque nunca se precisó su contenido.
Días antes, el 9 de abril, Bonilla clausuró la maquiladora Smiths Healthcare, por no querer venderle ventiladores. Intervino el canciller Marcelo Ebrard y sus gestiones fueron ignoradas. Los tratados internacionales y en específico el TLCAN ahora T-MEC establecen que la producción de las maquiladoras no se puede vender en los países en donde opera.
Después, el 17 de abril, el gobernador enfrentó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y lo acusó de mentir al informar las cifras de contagiados y fallecidos a causa del Covid-19
Le dijo: “¿Por qué si estamos reportando 72, en el reporte nacional aparecen 30?… Es una información errónea, en ese reporte deben de decir exactamente lo que es, no comprendo por qué no dicen lo que es… Se está dosificando la información, ¿por qué no la están publicando como debe ser?”, dijo.
Tres personajes de la política, consentidos del Presidente, no fueron escuchados o recibieron críticas de Jaime Bonilla Valdez. A saber: Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard Casaubón y Hugo López-Gatell. Piedras que llenaron el costal que carga el habitante de Palacio Nacional.
El mismo día en que la Corte echó abajo el proyecto político de Bonilla se realizaba en Tijuana un cateo en la casa del exgobernador Francisco Vega de la Madrid y presuntamente se hallaron 150 millones de dólares en efectivo que se encontraban en la residencia.
No se informó quién contó el dinero, pero el gobernador Bonilla dio a conocer que se trató de una acción emprendida por la Fiscalía. Los rumores, sin embargo, apuntan hacia la venganza política hacia su antecesor con quien mantuvo severas diferencias.
Es el actuar de un gobernador que soñó con llegar a 2024 investido por la “decisión del pueblo”.
LA FUERZA DE ZALDÍVAR
Después de casi 7 meses de haber llegado la primera demanda para declarar inconstitucional la Ley Bonilla, el ministro Fernando Franco elaboró el proyecto de sentencia que hizo circular el 8 de mayo y que sería votado el 11 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En una sesión a distancia y en la que participaron los 11 integrantes del Máximo Tribunal, por votación unánime, esto es que los ministros –un hombre y dos mujeres- propuestos por López Obrador y aprobados por el Senado de la República, se sumaron a los 8 que forman parte de la Corte desde Vicente Fox pasado por Felipe Calderón y Enrique Pela.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea pronunció uno de los discursos con mayor fuerza jurídica que se le haya escuchado.
La frase contundente: la aprobación de la Ley Bonilla “es un fraude a la Constitución”.
EL PAN Y LA TRAICIÓN
Primera entidad gobernada por el PAN y que marcó el destino de otras, Baja California junto con Guanajuato eran las medallas de oro de Acción Nacional.
Sus militantes y candidatos dominaban el Congreso, el Tribunal Superior de Justicia. Los órganos autónomos y las alcaldías. Lo hicieron durante 30 años. Y en 2019, el Poder Legislativo no fue la excepción: contaba con mayoría simple y con aliados lograba la calificada.
Hasta ahora nadie ha explicado que razón tuvieron 14 de sus 15 diputados para avalar una reforma que ampliaría el mandato de Bonilla, quien ya había dejado en la lona al abanderado del PAN.
“Además del dinero que recibieron, se prepararon para seguir en el escenario político”, fue el análisis primario que se publicitó.
Sin embargo, en las direcciones nacionales del PAN, del PRI y del PRD surgieron las protestas y acusaron de ilegal la reforma.
Marko Cortés, jefe nacional albiazul, condenó a los diputados de su partido e inició un proceso de expulsión a los legisladores y otros funcionarios en Baja California (Hasta ahora se desconoce si cumplió con el compromiso de expulsarlos a todos. Por cierto, uno de ellos recurrió al TEPJF y ganó).
Y en el cúmulo de reclamos por el “abuso de poder” de los legisladores locales, surgieron las voces de personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Felipe Calderón, Tatiana Clouthier, Gustavo de Hoyos Walther y, por supuesto, el más importante: el de Olga Sánchez Cordero.
La secretaria de Gobernación, durante la toma de posesión de Bonilla expresó: “Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la decisión definitiva, sabiendo que uno de los análisis actuales de la situación indica que es posible perviva la norma aprobada por el Congreso Estatal”. Después añadiría: “que en el futuro podría equivocarse, pero su honestidad e integridad estarán sobre cualquier interés que no sea el superior al del país”. Se equivocó. Aunque cuando conoció la sentencia de la Corte celebró el fallo y, aprovechando el viaje, desmintió haberla apoyado en el pasado.
Por su parte, el presidente López Obrador, aseguró que lo ocurrido en Baja California no significaba el camino a la reelección como algunas voces de la oposición habían declarado. Y para no dejar dudas sembradas estableció: afirmó no tener injerencia en dicho estado y no había sido consultado como en “otros tiempos ocurría”.
En funciones de presidente de la Cámara de Diputados y a la par del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo propuso la desaparición lo poderes en Baja California, lo que provocaría en la inhabilitación de Jaime Bonilla como gobernador del estado.
EL PUNTO DESOÍDO
Cuando los legisladores locales de Baja California hicieron pública la reforma al Octavo Transitorio de la Constitución estatal, la senadora por aquella entidad, Gina Andrea Cruz presentó un punto de acuerdo para iniciar el juicio político a todos los diputados que aprobaron el cambio de la norma.
Sin embargo, la “avalancha de Morena” impidió que la propuesta transitara.
“Es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue las cuentas bancarias de los diputados que fueron señalados de haber recibido dinero para aprobar la reforma y que con datos duros se inicie la carpeta de investigación. También hay que presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado y de no prosperar solicitar a la General de la República atraer el caso”.
Después del lunes 11 de mayo, los diputados y senadores de Morena que aplaudieron la ampliación del mandato, han callado.
Muñoz Ledo, en sesión extraordinaria realizada por los legisladores locales en el palacio municipal de Playas de Rosarito –no en la sede del Congreso ubicada en Mexicali-, fue rechazada la propuesta del Congreso de la Unión de dar atrás a la reforma del Octavo Transitorio.
“A puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación, sociedad civil y custodiados por elementos policíacos, avalaron de nuevo la considerada Ley Bonilla”, revelan las crónicas periodísticas.
EL COLOFÓN DE BONILLA
Todavía no terminaba la votación, pero ya se habían acumulado los 8 necesarios para que la Corte desechara por inconstitucional la reforma, la Ley Bonilla, cuando el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez comentó: “No nos gusta el fallo, pero lo acataremos”.
El mismo lunes, el Congreso Local con mayoría de Morena y jefaturado por Luis Moreno Hernández, aprobó la reelección legislativa sin solicitar licencia y creó una nueva secretaría: la del Agua.
LOS QUE AVALARON LA LEY BONILLA:
Trinidad Vaca Chacón y Mónica Hernández era candidatas externas al partido y se sumaron a José Félix Arango, Sergio Tolento Hernández, Alfa Peñaloza Valdez, Iraís Vázquez Aguilar, Raúl Castañeda Pomposo, Carlos Torres Torres e Ignacio García Dworak, todos de Acción Nacional.
Del PRI, Alejandro Arregui Ibarra, Bernardo Padilla Muñoz, Salvador Sánchez Valdés y Marco Antonio Corona Bolaños, enfrentaron un proceso de expulsión. (No se ha publicado su separación).
Job Montoya Gaxiola, renuncia a Movimiento Ciudadano
Roció López Gorosave, candidata externa al PRD, presentó su renuncia como diputada de la XXII Legislatura.
¿Culpabilidad manifiesta?
