Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
En una licitación cancelada de última hora, la Secretaría de Bienestar iba a dar a conocer este viernes 22 el fallo para la compra de 110 mil prendas de uniformes para el “Programa Pensión Para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, en el pico de la pandemia del Covid-19 en el país. Por las especificaciones técnicas en la confección, se sospechaba que estaba dirigida para beneficiar a un grupo empresarial.
La Licitación Pública Nacional Electrónica LA-020000999-EXX-2020 implicaba un gasto del orden de los 30 millones de pesos, de acuerdo con las posturas de seis empresas proveedoras, para surtir camisas de manga larga, chalecos institucionales, gorras tipo beisbolero institucional, mochilas tipo escolar institucional, playeras tipo polo y cuello redondo e impermeabilizantes tipo capa.
El martes 12 de mayo, el director de recursos materiales, José Luis Torres Contreras, comunicó a los licitantes la cancelación del procedimiento, debido a que el área requirente argumentó «la imposibilidad legal y material» de la viabilidad económica, como consecuencia de la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus.
El anexo técnico que establecía las especificaciones en la confección, fue firmado el 14 de febrero por el director general de Atención a Grupos Prioritarios, Carlos González Torres -en su calidad de área requirente-, quien forma parte del equipo de la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes. La inclusión de una entretela específica para elaboración de cuellos y puños, era la misma que se ha incluido en dependencias como la Secretaría de Educación Pública, ISSSTE, Secretaría de Salud en la Ciudad de México e Instituto Politécnico Nacional cuyas licitaciones ha ganado el grupo empresarial que encabeza Luis Molleda.
La entretela debía estar compuesta por tres fibras: 45 por ciento acrílico, 40 por ciento algodón y 15 por ciento poliéster, por lo que su elaboración implica un proceso caro, con la desventaja que al lavarse de manera paulatina adquiere una visibilidad de desgaste. Según esto, solo se utiliza para confeccionar pruebas de laboratorio.
Los artículos que en la licitación de la Secretaría de Bienestar debían reunir ese tipo de entretela en su confección, eran los siguientes: camisa manga larga -de la que se tiene previsto comprar 10 mil piezas en color blanco-, chaleco institucional -del que se solicitan 20 mil en beige-, gorra tipo beisbolero institucional -de la que se piden 20 mil en blanco-, playera tipo polo para hombre -se requieren 20 mil piezas en blanco-, playera tipo polo para mujer -también 20 mil piezas en blanco-, la cual deberá contar con resistencia al rasgado en newton con una urdidumbre de 33 N y un cambio dimensional de más/menos 2 por ciento y trama de 42 N y también cambio dimensional más/menos 2 por ciento.
La urdidumbre se refiere al tejido del hilo hacia arriba, y la urdidumbre a izquierda/derecha. Cambio dimensional es el encogimiento de las prendas por el lavado, por lo que al fijarlo en un porcentaje variable, es evidente que se pretende beneficiar al proveedor con un margen amplio, puesto debió haberse establecido que de superar el uno por ciento sería descalificada la propuesta.
La licitación de partida única, incluía 10 mil piezas de impermeable tipo capa para hombre y mujer.
La empresa a la que se le hubiese adjudicado el contrato, debería entregar las prendas entre el 23 de mayo y el 31 de julio.
Las seis empresas que se inscribieron para participar en la licitación, eran: TechTex, S. de R.L. de C.V., Cima V, S.A. de C.V., Arimeci, S.A. de C.V., Win Mart, S.A. de C.V., Am Cenit, S.A. de C.V. y Mercadam, S.A. de C.V., con cotizaciones que oscilaban entre 28.5 millones y 33.6 millones de pesos.
Apenas el 26 de diciembre pasado, tres empresas de ese mismo grupo empresarial ganaron la Licitación Pública EA-909007972-N26-19 «de adquisición de «Vestuario y uniformes y prendas de seguridad y protección personal» del organismo público descentralizado Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México por poco más de 37 millones de pesos.
A la empresa Win Mart, S.A. de C.V. se le otorgó el contrato SSPDF-SRMAS-JUDCCM-ADQ-272-19 firmado el 27 de diciembre, con un monto de 11 millones 731 mil 644 pesos. Por la autoridad firmaron el director general del organismo, doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno; la que era subdirectora de recursos materiales, Bertha Salas Castañeda; y quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, Marcos Hernández Roa.
Los trabajadores de base adscritos a Servicios de Salud Pública de la CDMX, sospechan que directivos de las empresas ganadoras de la licitación tienen nexos de corrupción con los diez secretarios generales de las secciones sindicales a las que están afiliados. Tienen la certeza que los productos no se entregaron en tiempo ni cuentan con la calidad que ofertaron.
La noche del 23 de enero, en el callejón Agustín Melgar casi esquina con Lorenzo Boturini, colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, un vehículo se le atravesó al que conducía el maestro Hernández Roa. Un sujeto descendió y le disparó tres balazos -otra versión sostiene que fueron seis-, causándole la muerte.
Sólo unos días antes la señora Bertha Salas Castañeda había dejado la Subdirección de Recursos Materiales, en la que fue sustituida por Armando Sahagún Quiroz, quien a su vez renunció los primeros días de abril.
También dejó la Jefatura de Unidad Departamental, Marlene Gallardo Pérez, sobre la que pesaban sospechas de haber ordenado el pago a los proveedores sin que hubiesen entregado los productos.
El asesinato del ex JUD de Compras y Control de Materiales a cuatro meses de ocurrido, no registra avances. Parece condenado a engrosar las estadísticas.
PARA LA AGENDA
El suicido de la médica residente del Hospital Regional «Adolfo López Mateos» del ISSSTE, Jannine Castro Castro, de tan solo 28 años de edad y quien dejó en la orfandad una niña de tres años, ha incubado una creciente irritación entre personal médico, paramédico y administrativo de la gestión del director Valentín Herrera y del subdirector médico, Luis Castañón, a quienes se les reprocha la falta de compromiso frente a la problemática laboral, agudizada por la nula claridad en los protocolos para el tratamiento de pacientes de Covid-19, toda vez que tienen el temor de contagio. A todo ello contribuye la corrupción que le adjudican a funcionarias como Aizamara Leslie Aguilar Ayala -subdirectora administrativa-, a Francisca Dámaso -jefa de enfermeras-, a Fabiola May Mejía -subjefa del almacén de curación- y a Raquel Flores Hernández -jefa de la unidad de abastos e insumos-, sin que pese a las irregularidades, hayan ordenado auditorías para deslindar responsabilidades. A la subdirectora de administración se le encontró que ingresó a laborar a ese hospital a Isaac Ham y Gabriela Ávila Ham, familiares de la subdirectora de administración del Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, Alma Ham Villanueva, a cambio de una plaza para una hermana. ¿Corrupción en la 4T…?
