Continúa escalando el pleito entre los gobernadores y el gobierno federal, pues el mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo, negó la existencia de una empresa en su estado donde se reparan los respiradores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual fue afirmado por su director general, Zoé Robledo, ayer durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador.
El pasado 6 de abril, Organización Editorial Mexicana publicó que el IMSS solicitó el apoyo de Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) para reparar de manera gratuita varios de sus respiradores, según dijo José Luis Gil Vázquez, director de la institución educativa.
“¡Dejen de mentir!”, respondió Aureoles Conejo a Zoé Robledo, luego de que éste aseguró que se encuentran en reparación 320 respiradores que ayudarán a pacientes infectados con Covid-19 en un Centro de Ingenierías en Morelia.
“O les gusta mentir a ustedes, que no creo… O les obligan a mentir, pero dejen de mentirle a la sociedad mexicana”, reclamo el gobernador de Michoacán a través de un video que hizo circular en sus redes sociales.
“En una crisis sanitaria tan compleja, lo último que la sociedad espera de sus gobernantes y de los expertos como ustedes, es que les mientan”, remató Aureoles.
Lo cierto, es que las autoridades del ITM han declarado que al día de hoy reparan 111 ventiladores procedentes de hospitales del IMSS de todo el país, y no los 320 que aseguró Zoé Robledo, los cuales se encuentran en diagnóstico por parte de alumnos y docentes de la institución.
José Luis Gil Vázquez, adelantó que prevé la reparación sólo de 35 de esos ventiladores, pues otros equipos se encuentran obsoletos o sus piezas están descontinuadas.
Finalmente, dijo que hoy enviaron al IMSS una lista con las refacciones que se necesitan para poner en marcha los equipos médicos, los cuales garantiza que se entregarán funcionando en 72 horas.
El costo de las piezas, aclaró Gil Vázquez, será cubierto por el Seguro Social y la mano de obra va por cuenta del ITM.
Quien escaló su conflicto con la Federación fue el gobierno de Tamaulipas, encabezado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenir ante la omisión de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la de Salud para frenar el flujo de migrantes por la frontera norte en medio de la pandemia generada por el Covid-19.
La demanda señala que entre el 23 y el 31 de marzo, el gobierno de Tamaulipas pidió reiteradamente a la Secretaría de Gobernación y a la de Relaciones Exteriores, tomar acciones dirigidas a atender la crisis sanitaria relacionada con los migrantes, mismas que no fueron escuchadas.
Tampoco se atendieron las concentraciones de migrantes de Centroamérica y África que esperan la respuesta del gobierno de Estados Unidos para recibir asilo humanitario, lo cual generó aglomeraciones en los puentes internacionales.
