La maquinaria de aprobación de la reforma constitucional –que el 15 de enero anterior se sacó de la manga el presidente Vladimir Putin para seguir al frente de Rusia más allá de lo que debería ser, de no cambiar la legislación vigente, su último mandato como titular del Kremlin– continúa a paso acelerado y la meta es que a más tardar dentro de dos meses este país tenga ya otra Carta Magna, hecha por y para el actual gobernante.
Al reunirse este miércoles con los integrantes del grupo de trabajo que creó el propio Putin para “analizar y enriquecer” su paquete de enmiendas –después de ser adoptado en lo general por los diputados de la Duma, quienes el 10 de marzo tienen previsto votarlo en segunda instancia–, el presidente ruso estuvo de acuerdo en que el texto definitivo, cuando haya sido aprobado por las dos Cámaras del Parlamento, se someta a “votación popular” el 22 de abril siguiente.
Aunque los resultados de esa votación no tendrán carácter vinculante, por no ser un referendo sujeto a un estricto reglamento, Putin se comprometió a promulgar la ley sobre la inmediata –sí se mostró inflexible respecto a esta urgencia– entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución sólo después de obtener el respaldo mayoritario de la población.
Por ahora, nadie sabe cómo se va a medir la magnitud del necesario apoyo que quiere obtener el Kremlin, si tiene en cuenta –como si se tratara de un referendo– que la reforma se apruebe con un mínimo de asistencia de 50 por ciento del padrón o bastará –para evitar el riesgo de no conseguir la participación idónea– con sólo la mayoría de los votos depositados.
Con esa “votación popular”, Putin pretende legitimar cambios que, a juicio de sus adversarios, requerirían convocar una Asamblea Constituyente y no reducir a un “sí” o un “no” la totalidad de modificaciones que, de hecho, configuran una nueva Carta Magna, sin ofrecer el debido tiempo para conocer y asimilar las novedades.
Los críticos de esta reforma constitucional afirman que se quiere convocar a las urnas para ratificar cambios diseñados por la Oficina de la Presidencia y que para entonces ya habrá aprobado el Parlamento, en ámbitos tan disímbolos como –por poner unos ejemplos– las iniciativas de carácter social, las facultades de los distintos órganos del poder, el sistema de gobierno o la preeminencia de los intereses de Rusia frente a compromisos adquiridos conforme a las normas del derecho internacional.
Quedó claro este miércoles que la reforma promovida por Putin busca sobre todo reforzar las prerrogativas del Presidente y que, una vez aprobadas, se propone empezar a ejercer de inmediato, sin tener que agotar los cuatro años de mandato que le faltan.
Con esta maniobra, Putin alcanza un doble objetivo. Por un lado, seguir concentrando en sus manos el poder al margen de lo que pudiera suceder al renovarse la composición de la Duma, en principio el otoño de 2021, aunque tampoco debe descartarse un eventual adelanto de las legislativas.
Y por el otro, dejar abierta la puerta para aprobar leyes que redistribuyan el poder antes de concluir su actual periodo presidencial en 2024, en caso de que Putin no tenga en mente presentar la reforma constitucional como una suerte de borrón y cuenta nueva que, desde su personal óptica, le permita verse otros doce años como mandamás del Kremlin.
