Niños en Conflictos Armados

*Son Utilizados Como Carne de Cañón

*Cocineros, Halcones, Esclavos Sexuales

*Ante Ineficacia Gubernamental, los Arman

Por Ezequiel Gaytán

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) denunció el 31 diciembre del año pasado que durante los últimos diez años los niños expuestos a situaciones de conflicto sufrieron 170.000 violaciones graves, una cifra que supone una media de 45 vulneraciones diarias durante la década que acaba de cerrarse. Son cifras dramáticas y no pueden pasarse por alto.

Es sabido por esa benemérita organización internacional y por otras organizaciones civiles que en algunos países, niñas, niños y adolescentes son reclutados, ya sea por secuestro o en algunos casos voluntariamente, por fuerzas gubernamentales, paramilitares, defensas comunitarias, grupos rebeldes o del crimen organizado. Las causas de dicho reclutamiento son múltiples, usualmente por necesidad de comer, por la discriminación, por venganza, por orfandad o por sufrimientos y carencias. De ahí que los niños y adolescentes son utilizados como carne de cañón, sacrificados en los puestos de vanguardia, cocineros, halcones, esclavos sexuales, trabajos peligrosos y altamente contaminantes.

Las cifras de muertos en nuestro país debido a la violencia y a la estrategia en la lucha contra el crimen organizado se han incrementado. Consecuentemente, nos enteramos que en algunas poblaciones, como la de Chilapa, Guerrero, se organizan con niños armados, a fin de defenderse de las atrocidades que causan los narcotraficantes y ante la ineficacia gubernamental.

Pero dicho grupo guerrerense de autodefensa no es el único que opera con niñas, niños y adolescentes, en otras regiones del país también encontramos ese diagnóstico. De ahí que nos indigna la lucha entre niños reclutados por su comunidad o por el crimen organizado y que se enfrentan a muerte.

El mayor número de muertos por rangos de edades en el rubro de homicidios en México es de entre 20 y 24 años y según las cifras del INEGI, poco menos del uno por ciento es menor de edad. En muchos casos se trata de balas perdidas y en otros por asesinato, como fue lo sucedido con la familia LeBaron.

Pero desconocemos cuántos de esos homicidios fueron ejecutados por niñas, niños o adolescentes. Tampoco sabemos el número de niñas, niños y adolescente víctimas de la trata de personas o que realizan funciones de halcones u orejas en favor del crimen organizado.

Usualmente este tema se trata cuando se aproxima el 30 de abril, día del niño, y es cuando sabemos más acerca del triste fenómeno que aqueja a nuestro país. Pero resulta que lo acontecido en Chilapa, Guerrero no esperó a dicho mes y que las cifras de muertos se han incrementado en este sexenio, por lo que también es de esperarse que se incremente el número de reclutamiento, así como de víctimas infantiles.

Todos los gobiernos, desde que tengo memoria, se indignan en sus discursos ante el fenómeno de los niños armados y se comprometen a proteger a ese segmento de la población mediante programas sociales focalizados. Pero debido a la falta de cifras, de trabajo preventivo y, sobre todo, de acotar la violencia mediante un eficiente y eficaz programa gubernamental, los resultados, lo adelanto, serán magros.

Cuando hablo de niñas, niños y adolescentes armados, ya sea como autodefensas o como integrantes del crimen organizado, estoy refiriéndome de manera simultánea a una falla de estrategia institucional en materia de prevención y protección a la infancia, aunque queda claro que también es responsabilidad de las familias la enseñanza de principios y valores. En otras palabras, todos tenemos mucho que aportar en la solución del problema, porque en nuestro país vivimos –de manera no oficial- un conflicto armado que por sus estadísticas pareciera que estamos en medio de una guerra civil.

Vivimos un círculo vicioso de niños armados y se incrementará en la medida en que haya más huérfanos. De ahí la importancia de hacer programas gubernamentales eficaces con visión preventiva y que se legisle con penas más altas a quienes recluten a niñas, niños y adolescentes en fuerzas de autodefensas o paramilitares o del crimen organizado.

 

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