Por Jesús Michel Narváez
Durante largos años los estados de la Federación ocultan los impuestos federales que cobran. Se entiende que estatalmente definan sus gravámenes pero en tratándose de ISR o IVA se tienen que apegar a la normatividad.
Ocurre que en casi todas las entidades es la Secretaría de Finanzas, con aval del Congreso Local la que fija los impuestos.
Y qué bueno que cobren para no depender de la federación para el ejercicio de su gasto anualizado. Para nadie es un secreto que la mayoría de las entidades con excepción de la Ciudad de México, conforman su presupuesto de egresos basados en las aportaciones federales, que no son otra cosa que los impuestos retenidos por IVA, ISR y IEPS.
Porque las haciendas estatales y mucho más las municipales nunca se han preocupado por generar ingresos propios como podrían ser el predial, las licencias de construcción o para la apertura de comercios y negocios.
En las más de las ocasiones, los gobiernos estatales condonan gravámenes a las grandes industrias a cambio de la generación de empleos. Y en no pocas operaciones, son los mandatarios y sus funcionarios los que se benefician en lo personal. El más reciente caso sobre el tema se registró en Nuevo León, cuando la armadora coreana Kia, a la que se le dispensaron impuestos que llevaron al exgobernador Rodrigo Medina a la cárcel, aunque hasta ahora no se le comprobaron los presuntos desvíos de la hacienda pública estatal.
Pero se sembró la duda y germinó con acciones penales.
Por su puesto que los gobiernos deben cobrar pero conforme a la ley, en cuanto a los impuestos federales. Con excepción de la franja fronteriza en donde el IVA se redujo al 8 por ciento y el ISR al 20 como máximo mediante decreto presidencial, en el resto del país los impuestos federales se cobran por igual en Yucatán y Sinaloa que en Oaxaca y Chiapas.
Lo que resulta poco claro es que en operaciones de compra-venta de predios, se aplique el ISR más elevado que, por ejemplo, al que se cobra en la Ciudad de México.
Quizá por ello y porque la Federación tiene una fórmula presuntamente ortodoxa para el reparto de los impuestos federales, urja un nuevo Pacto Fiscal.
En la actualidad hay entidades que recaudan y retienen miles de millones de pesos por la actividad industrial, comercial y empresarial que registran y que están identificadas en el SAT y la devolución que les hace el Gobierno federal no corresponde a los generados; los gobernadores quieren tener más dinero y presionar a los estados pobres para que produzcan más.
Más allá de quejas, sería oportuno que la Secretaría de Hacienda, en uso de sus facultades y sin vulnerar la soberanía de los Estados, revisara no solamente cómo se aplican los dineros públicos de las participaciones, sino qué clase porcentajes cobran al tratarse del IVA y el ISR.
Hasta ahora los gobiernos de la República Mexicana no son revisados en ese tema. Un clavado para determinar la profundidad del abuso fiscal federal, no estaría por demás.
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