Emilio Lozoya Austin comparecerá mañana jueves ante la Audiencia Nacional de Madrid para prestar declaración ante el juez de guardia Ismael Moreno, quien decidirá si mientras se tramita su extradición a México, el exdirector de Pemex permanece en prisión o queda en libertad con alguna medida cautelar.
«Las autoridades mexicanas disponen a partir de ahora de 40 días para formalizar la petición de extradición y enviar a Madrid toda la documentación necesaria para que las autoridades judiciales españolas la examinen y puedan actuar en consecuencia», señalaron a EL UNIVERSALfuentes de la Audiencia Nacional que se encarga del caso de Lozoya Austin tras su detención por la Interpol y la Policía Nacional española cuando abandonaba una urbanización en la provincia andaluza de Málaga.
En el supuesto de que el Magistrado ordene su ingreso en prisión tras considerar la gravedad de las acusaciones de corrupción formuladas por las autoridades mexicanas y calibrar si existe riesgo de fuga, Lozoya Austin sería recluido en uno de los centros penitenciarios de la provincia de Madrid.
Una vez que México envíe la solicitud de extradición y exista conformidad por parte de la Audiencia Nacional, el exdirector de Pemex comparecerá de nuevo ante el juez que le preguntará directamente si quiere ser extraditado a México, agregan las fuentes judiciales.
El calendario de la extradición dependerá de si Lozoya Austin acepta ser entregado o no a las autoridades mexicanas. Si acepta, el procedimiento es rápido. Pero si niega los cargos y se resiste a ser extraditado a México, que es lo más probable, la tramitación se dilatará por varios meses.
El procedimiento de entrega concluiría con la comparecencia de Lozoya Austin en una Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional compuesta por tres Magistrados que decidirán si el exdirector de Pemex es puesto finalmente a disposición de las autoridades mexicanas.
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Si los jueces avalan la extradición, el caso pasa a manos del Gobierno español que tiene que aprobar la entrega de Lozoya a México en el Consejo de Ministros, que normalmente respalda la decisión judicial.
La extradición se suele llevar a cabo en los días siguientes a la autorización del Ejecutivo ibérico y el extraditado por lo general viaja en vuelo regular a México custodiado por policías mexicanos, que se trasladan a España para participar en el operativo.
