El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) manifestó su desacuerdo respecto a la propuesta de la Fiscalía General de la República de eliminar el feminicidio como tipo penal y únicamente agravar el delito de homicidio cuando se cometa en contra de una mujer. Dicha medida, expuso, “significaría un retroceso en materia de procuración e impartición de justicia para las mujeres y las niñas”.
En un pronunciamiento, expuso que para dar una respuesta completa y eficaz al grave problema que representan el asesinato de mujeres por razones de género, “se requiere de una reforma al sistema de procuración e impartición de justicia de gran calado que coloque en el centro los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como la profesionalización y capacitación con perspectiva de género de las y los operadores” de dicho sistema.
Recordó que la tipificación del feminicidio en México “es resultado de la lucha social y jurídica del movimiento feminista, de organizaciones de la sociedad civil y de familiares de mujeres asesinadas”. Además, agregó, como delito y violación a los derechos humanos “ha sido reconocido en las sentencias emblemáticas del ‘Caso González y otras (campo algodonero) vs. México’ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el ‘Amparo en Revisión 554/2013 feminicidio: Caso Mariana Lima Buendía’ de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
El Inmujeres añadió que la SCJN en el año 2016, al resolver el amparo en revisión 5267/2014, determinó que es inconstitucional que establezca como un agravante del homicidio el sexo de la víctima; “además, es fundamental considerar que la privación de la vida se cometa por razones de género, ya que esto implica un reconocimiento de la obligación del Estado mexicano de garantizar el efectivo cumplimiento y respeto del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación”.
Frente al debate de crear un Código Penal Único, el Instituto recordó que una de las observaciones internacionales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al país se refiere a “aprobar un código penal nacional que regule todos los asuntos penales, con inclusión de todos los delitos y sanciones, o establecer una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres mediante una ley penal general”.
El Inmujeres reiteró su compromiso para trabajar en coordinación con los tres poderes y niveles de gobierno, con el fin de “articular todas las acciones, políticas y medidas que contribuyan a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.
