*Entre Civiles se Sustentan en que los Poderosos Definen
*Después Llegará la Elaboración de los Prejuicios o Estigmas
Por Ezequiel Gaytán
La palabra anatema tiene al menos dos acepciones, la primera se refiere a la condena o sentencia mediante la cual una institución religiosa expulsa a un hereje del seno de su feligresía y es considerada aún más grave que la excomunión porque esa persona, además de maldecida, es proscrita. La segunda alude a una condena moral desde el ámbito político del poder a una persona que piensa diferente o por razones de su piel, sexo o cualquier diferencia, lo que significa que es condenada sin juicio, ni pruebas o presunción de inocencia. De ahí que los anatemas políticos son muy peligrosos pues permiten, debido a la supuesta pureza moral, sojuzgar a los diferentes y condenarlos mediante la intolerancia y el linchamiento público.
Podemos encontrar en la historia anatemas políticos tales como asesinatos en masa, purgas y linchamientos. Tal es el caso de la Noche de los Cuchillos Largos que fue la forma mediante la cual Hitler, en 1934, emprendió una serie de asesinatos políticos a la organización paramilitar Nazi conocida como los Camisas Pardas y a su líder Ernest Rohm. La justificación utilizada por el dictador alemán ante la sociedad fue de carácter moral y ocultó sus intenciones políticas. Pues sucede que los anatemas entre civiles se sustentan en que los poderosos definen lo que está bien y lo que está mal y de ahí emiten un juicio o dictamen que permite la elaboración de los prejuicios o estigmas y da pie a las inclinaciones fanáticas por encima de los hechos y las demostraciones.
Durante la edad media los anatemas religiosos fueron instrumento de la iglesia y los señores feudales a fin de gobernar mediante el temor y la censura. Esa fórmula ha continuado y se han realizado “mejoras” mediante la represión y el terrorismo de Estado, tal es el caso del macartismo, que es el termino actual que se utiliza desde el Estado a fin de acusar de deslealtad, traición a la patria o por motivos de seguridad nacional a una persona, sin el debido juicio legal y se respeten los derechos del acusado. Recordemos que en los Estados Unidos el senador Joseph MacCarthy desencadenó durante la década de los años cincuenta del siglo pasado un proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias anónimas, violentos interrogatorios, torturas, listas negras y procesos irregulares en contra de personas señaladas desde el anonimato de ser comunistas.
El anatema civil o condena moral engendró, entre otros ejemplos, la política de exterminio emprendida por Rafael Videla, el dictador argentino durante la segunda mitad de década de los años setenta en esa nación, en contra de miles de argentinos, al amparo del Proceso de Reorganización Nacional cuya estrategia fue la clausura el parlamento, prohibición de los partidos políticos, subordinación del Poder Judicial y acuñó la frase “primero contra los enemigos, después contra los simpatizantes de los enemigos y al final en contra de los indiferentes”.
Es claro que la indiferencia, sobre todo la social, trae consigo costos, pues permite la impunidad del uso y abuso del poder, le permite a los gobernantes expedir leyes contrarias a los Derechos Humanos, ensanchar sus espacios de maniobrabilidad política y, al amparo de discursos recriminatorios al pasado, señalar culpables. En otras palabras, las condenas y los juicios morales crean en el presente estados de ánimo semejantes a la depresión y de irresponsabilidad hacia el futuro.
La administración, procuración e impartición de la justicia, como asunto de Estado es, junto con la seguridad, su primera responsabilidad y debe ser concebida y ejecutada en el marco de los Derechos Humanos o garantías individuales y sociales. Léase, es condición innegociable que la justicia se sujete a principios tales como la presunción de inocencia y la descalificación de confesiones bajo tortura y amenazas. Lo cual significa, impartir justicia sin anteponer estigmas, cacería de brujas o señalamientos hipócritas de doble moral.
Es preocupante que un Estado demuestre su desesperación ante el desbordamiento de la delincuencia y el crimen y considere que la solución está en implementar la fórmula del juicio moral o anatema civil como antesala de la impartición de justicia.
