*Grave Retroceso en la Aplicación de la Justicia
*Reformas al Sistema Judicial, Atentatorias
*Pretende Arrojar a la Basura el Adversarial
Por Joel Armendáriz
Sorpresivamente, el Ejecutivo federal, a petición de la Fiscalía General, envió un paquete de 9 iniciativas de ley que reforman la Constitución y arrojan al cesto de la basura todo el trabajo y el dinero invertido en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, iniciado en el gobierno de Felipe Calderón e instrumentado en el de Enrique Peña Nieto.
El mallete de la justicia resonó en la sala y clamó el juez: ¡Culpable!, porque la presunción de inocencia desaparece junto con el debido proceso.
Bajo el argumento de “combatir la violencia y la criminalidad” el paquete incluye nuevos Código de Penal Federal Único y el de Procedimientos Penales; acepta valorar las pruebas obtenidas de manera ilegal, desaparecen los jueces de control, renace el arraigo por hasta 40 días y modifica la aplicación de las sentencias.
“Terminar con la puerta giratoria”, dice un senador cuyo nombre solicitó se mantuviera en el anonimato.
Porfirio Muñoz Ledo recomendó ser cuidadosos con las modificaciones “porque podría surgir o considerar al Estado Mexicano como represor”.
Anunciada su presentación para el pasado miércoles, el presidente frenó el paquete de iniciativas.
Sin embargo, fue entregado en el Senado de la República. “Apenas lo recibimos, pero no significa que proceda a entregarse a las comisiones para que lo dictaminen (el paquete)”, reveló un vocero senatorial.
LOS MILES DE MILLONES GASTADOS EN EL CAMBIO
Desde el inicio del proceso el 23 de septiembre de 2011, las piedras angulares de la propuesta de Calderón fueron y es la presunción de inocencia y el debido proceso. Se cambió el paradigma de la justicia y comenzó la operación, después de 4 años de capacitar a jueces, magistrados, ministros y ministerios públicos.
Con fallas evidentes, que forjaron la idea de que el Nuevo Sistema se convirtió en una puerta giratoria, en la que los delincuentes comunes y los criminales de peligro, ingresaban por el lado derecho y salían por el izquierdo sin siquiera pisar una celda.
El tiempo permitió corregir algunos aspectos, pero la presunta venalidad de ministerios públicos y jueces de control, mantuvieron las puertas abiertas a quienes tenían y tienen recursos económicos o cuentan con la protección de impartidores de justicia.
De acuerdo con diversas fuentes informativas, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial tuvo un costo de 20 mil millones de pesos, contando desde su instrumentación en 2007 y hasta 2016 cuando se puso en marcha en todo el país.
En esa bolsa se contempla la capacitación de ministerios público y jueces; modernización de instalaciones y construcción de salas para los juicios orales; contratación de nuevo personal y cursos de actualización.
Al inicio formal del Nuevo Sistema, la sociedad en su conjunto mostró satisfacción, porque, de acuerdo con las crónicas de la época, la propuesta de Felipe Calderón al Congreso de la Unión, entre otras acciones, instauraba el juicio oral público y videograbado, derechos de las víctimas, detenciones urgentes sin orden de un juez, y facultades a policías para ejercer funciones del Ministerio Público.
La iniciativa de Código Federal de Procedimientos Penales que envió el Ejecutivo puntualizaba disposiciones para el aseguramiento de bienes e Incluía la figura de recompensa, medidas cautelares a favor de las víctimas y actualización de las funciones del Ministerio Público, que son componentes de un modelo que persigue eficacia en la justicia.
Cuando los Ministerios Públicos dejaran en inacción las indagatorias, los particulares inconformes podrían abrir acción penal, una capacidad que estaba reservada al fiscal, y además planteaba un esquema para resolver procesos mediante acuerdos entre las partes, con opción de abreviar pleitos.
La propuesta que dio origen al Nuevo Sistema, incluía las reflexiones de los Diálogos por la Seguridad, en los que las víctimas plantearon requerimientos que garantizan sus derechos como parte ofendida, y facilitan y aseguran la reparación del daño sufrido.
Todo: capacitación, curva de aprendizaje y recursos económicos, se irán a la basura si prospera el paquete de iniciativas entregado pero no presentado, por el Ejecutivo federal el miércoles 15 de enero de 2020.
ATENTATORIO CONTRA LAS GARANTÍAS
Sin que el contenido de las iniciativas se conozca en su totalidad, quienes conocieron parte de las mismas afirman que son atentatorias de las garantías individuales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Aceptar valorar las pruebas obtenidas ilegalmente, termina con dos elementos fundamentales: la presunción de inocencia y el debido proceso”, dijo un jurista.
Hablar de revivir el arraigo, añadió, representa que inocentes podrían pasar 40 días detenido en tanto se fabrican las pruebas.
El tema alborotó el ámbito judicial y puso en alerta a los gobernadores que serían obligados a acatar los que señalen los dos Nuevos Códigos Penal y de Procedimientos Penales.
Aunque de manera extraoficial se había filtrado que las reformas propuestas serían analizadas en este periodo de receso –que termina el 31 de enero- y se abriría la discusión en comisiones a partir del inicio del ordinario de sesiones para aprobarlas antes de su conclusión el 30 de abril.
Pero ante las airadas reacciones, el presidente ordenó que todo quedara pendiente hasta “nuevo aviso”.
