El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayan concedió una suspensión al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para mantener los salarios de 2019, aún por encima de lo que ganará el Presidente de la República.
La resolución fue dada a conocer a través de la lista de notificaciones de este martes donde se especifica que el Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, amplio por tercera ocasión la demanda de controversia constitucional, en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y del Titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la tercera ampliación de demanda, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído. La medida concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, señala el acuerdo.
La suspensión solicitada por el Inegi, forma parte de una ampliación de la controversia qué presento para impugnar el Presupuesto de Egresos (PEF) de 2019, en la que ahora cuestiona el de 2020.
De esta manera, la Corte continua con el criterio que la Segunda Sala de la Corte fijó al otorgar el mismo beneficio al Inegi el año pasado, con lo que sus altos mandos podrán ganar lo que en 2018 y por encima de los 1.7 millones de pesos netos anuales previstos en 2020 para el Presidente de la República.
La mayoría de los ministros, han señalado que las reducciones salariales, aplicadas por la Cámara de Diputados por medio del PEF, son una forma de afectar la autonomía Constitucional de estos órganos, de ahí la procedencia de la suspensión para mantener sus salarios.
En el acuerdo, se señala que se tiene como autoridades demandadas, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Titular del Poder Ejecutivo Federal, pero no a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que se trata de una dependencia subordinada a dicho poder, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emita en este asunto.
Por el momento, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Banco de México presentaron controversias contra el PEF de 2020, las cuales ya fueron turnadas a la Ministra Yasmín Esquivel.
