Legisladores de oposición criticaron la iniciativa de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a la Constitución la permanencia de sus programas “clientelares y asistencialistas”, que “en nada ayudan al desarrollo de los ciudadanos”.
Además de afirmar que “no hay en el Presupuesto los recursos para sostener sus programas”, advirtieron que la propuesta presidencial implica que gobiernos futuros “no podrán suspender ni trastocar los apoyos”, salvo con una nueva reforma constitucional, avalada con mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso, sobre todo para los montos que se destinan a ellos.
“Es ocioso, protagónico y populista, porque esa es una obligación que ya se encuentra en la Constitución. Es un exceso, porque los suyos no son apoyos sustentados ni transparentes”, sostuvo el diputado del PRD, Antonio Ortega, secretario de la Comisión de Hacienda en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
“No estamos de acuerdo en que se siga generando dinero a proyectos clientelares, populistas, más de 400 mil millones de pesos avocados a programas clientelares que lo único que hacen es no generar economía, no generar crecimiento; simplemente es un dinero que se está estancando”, dijo el diputado del PAN Sergio Barba, vicecoordinador de Desarrollo Económico de su grupo parlamentario en la Cámara.
La diputada del PRI, Mariana Rodríguez, secretaria de la Comisión de Justicia, acusó que “la iniciativa es exagerada, excesiva, porque son programas y apoyos que rayan en la opacidad, en el desorden”.
La iniciativa de reformas al artículo 4º de la Constitución establece que “el Estado de Bienestar igualitario y fraterno que estamos aplicando y queremos llevar a rango constitucional, tiene como ideal la protección de las personas a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la educación, la cultura, la vivienda y a la seguridad social”.
Expone que “es mi propósito que en el texto de la Constitución se establezca la obligación del Estado de garantizar la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable, con lo cual se aspira a alcanzar el derecho al bienestar de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular el de las personas adultas mayores y el de las personas con discapacidad”.
Incluso, en la redacción de uno de los artículos transitorios de la iniciativa se ordena que “el monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos y en el presupuesto de las entidades federativas, para los programas no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior”.
