*Desastrosos Resultados en Materia Federal
*Necesaria Corresponsabilidad con los Munícipes
*Relegados Hasta de la Política de Prevención
Por Alejandro Zapata Perogordo
En días pasados y después de que muchas voces se pronunciaron por hacer ajustes y replantear la estrategia en materia de seguridad, a lo que, por supuesto, el titular del Ejecutivo dio puntual y negativa respuesta, curiosamente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, salió al quite declarando que para atender en forma eficiente el problema de la inseguridad se necesita la corresponsabilidad de los presidentes municipales.
Lo anterior cuando menos es un avance, ya que desde el ámbito federal es imposible por si solo un eficaz combate a la inseguridad. Los resultados han sido desastrosos, se han puesto en riesgo las vidas de muchas personas y lamentablemente la perdida de gente inocente, víctima de una incapacidad del Estado.
El reconocer la necesidad de políticas integrales e incluyentes para realizar un trabajo en conjunto entre los diferentes órdenes y niveles de gobierno, de inicio implica una perspectiva de mayor amplitud para enfrentar el problema de manera diferente a como se lleva a cabo.
Las políticas de prevención que implican anticiparse al fenómeno de la delincuencia a través de un estudio y análisis de las causas criminógenas del delito prácticamente no existen. Ese es un ámbito esencial de participación municipal, donde se les ha relegado por completo y, por lo tanto, la instancia para cambiar y transformar las condiciones, el entorno social y la formación de ciudadanos se ha dejado de lado, lo único cierto es el afán de regalar dinero sin contar con acciones integrales que posibiliten y eviten el engrose de jóvenes a la criminalidad.
Tampoco implica que los ayuntamientos vayan a resolver el asunto, simplemente son parte de una cadena fundamental para su solución, con evidentes debilidades estructurales y sistemáticas, sin embargo, su participación es de elemental sentido común.
Así las cosas, el fortalecimiento de esa institución en cuanto al área que nos ocupa dadas las fragilidades que tiene y, además, las necesidades del Estado para combatir con eficacia la inseguridad, la criminalidad y violencia que azota al país, indica prestarle atención, dotarla de elementos indispensables para el cumplimiento de su función preventiva, darle seguimiento, coadyuvancia y establecer bases de coordinación, al igual de recursos económicos bien fiscalizados para evitar distorsiones.
En ese orden de ideas, cabe resaltar que no basta con una simple declaración para los efectos de transformar la estrategia en materia de seguridad, en el entendido que tal consideración es inocua si no viene acompañada de una planeación y acciones contundentes para cambiar la realidad de las cosas.
Las buenas intenciones para recomponer el rumbo han quedado únicamente en eso, declaraciones positivas sin ninguna acción al respecto, por el contrario, les reducen recursos, los tratan como un orden de gobierno de quinta, los ningunean y, al final les echan la culpa de todo.
En ese tenor, las posiciones contradictorias entre los dichos y los hechos difícilmente van a dar resultados positivos, en términos reales continuamos siendo rehenes y victimas derivadas de la negligencia gubernamental, tienen claridad y les falta voluntad.
