La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó el domingo la ley para convocar a nuevas elecciones generales y que excluyen al exiliado exmandatario Evo Morales de la próxima contienda, después de un mes de protestas con 32 muertos.
En un acto en la sede de gobierno, la mandataria firmó el llamado «Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales», tras su aprobación unánime en el Congreso bicameral el sábado.
«Llegamos a este día con la satisfacción del deber cumplido porque este es el principal objeto de mi gobierno: nuevas elecciones en el menor tiempo posible», dijo Áñez durante la ceremonia.
La norma anula los comicios en que fue reelecto Morales el 20 de octubre y que fueron rechazados por fraudulentos en masivas protestas que encabezó la oposición. La OEA terminó avalando las sospechas al detectar irregularidades en las votaciones.
El régimen excepcional y transitorio prevé la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la inscripción de votantes y la participación de todas las fuerzas políticas, aunque impide que Morales y su exvicepresidente, Álvaro García Linera, sean candidatos.
La nueva autoridad electoral será la responsable de fijar la fecha de las elecciones generales, que deberán celebrarse en un plazo máximo de 120 días contados después de la convocatoria.
Morales fue excluido en virtud de un artículo de la Constitución que prohíbe la reelección después de dos mandatos. Morales intentó modificar esa norma mediante un referendo que perdió en 2016. Finalmente, fue la justicia que le permitió postularse en las pasadas elecciones.
Comienza así un difícil camino para los bolivianos en búsqueda de una salida a su peor emergencia política en dos décadas, esta vez sin Morales como alternativa. El hombre que por casi 14 años tuvo el timón del país no podrá participar en la campaña, algo inédito desde 2002.
Exiliado ahora en México, el líder indígena de izquierda llegó a la presidencia en 2005 y fue reelegido en 2009 y 2014. El 20 de octubre obtuvo un nuevo mandato en el cuestionado proceso que desencadenó la crisis.
